Iñigo GUrruchaga
Londres
Lunes, 2 de diciembre 2019, 21:36
La familia de Jack Merritt, fallecido en el ataque de un yihadista, en el centro de Londres, el pasado viernes, ha denunciado la utilización de su muerte para justificar una política penal más dura. «Estaría furioso de que su muerte, y su vida, ... se use para perpetuar la agenda de odio contra la que dio todo lo que tenía», escribió su padre en un artículo en 'The Guardian'.
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En su cuenta de Twitter, repudió la cobertura del 'Daily Mail', un popular diario conservador, calificando su contenido como «vil propaganda». El fallecido quería vivir, según su padre, «en un mundo donde no encerramos y tiramos la llave», «donde nos enfocamos hacia la rehabilitación, no hacia la venganza», «donde no debilitamos constantemente nuestros servicios públicos».
Familiares de los fallecidos se concentraron en Cambridge, donde Merritt y Saskia Jones, la otra víctima mortal, habían estudiado Criminología. En el Guildhall, sede del Ayuntamiento de la City of London, que gobierna el distrito financiero y en cuyo límite, en la ribera del Támesis, se cometieron los crímenes, líderes políticos, incluidos Boris Johnson y Jeremy Corbyn, participaron en un acto de duelo.
Johnson reiteró en Portsmouth, donde quería promover un plan para asegurar las fronteras tras el 'brexit', su intención de acabar con la ley de sentencias de 2005, promovida por el Gobierno laborista de Gordon Brown, que establecía que las penas de plazo fijo se cumplan la mitad en prisión y la otra mitad 'en la comunidad'. La forma de libertad condicional para delitos como los que llevaron a Usman Khan a presidio no era automática y ya cambió, porque casi todos los gobiernos recientes han modificado sentencias o procedimientos.
El nuevo líder conservador quiere aumentar las sentencias y que se cumpla más tiempo de ellas en prisión, prometiendo para ello crear 10.000 plazas más. Promete también 3.000 millones de euros para modernizar el sistema, que ha tenido seis ministros desde 2015 y recortes presupuestarios, algunos drásticos, desde 2010. Pero el atentado del viernes ha empujado la campaña hacia las cuestiones de seguridad.
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La casualidad ha querido que el crimen del puente de Londres llegase días antes de que Johnson sea anfitrión, a partir de este martes, de los líderes de la OTAN, y él y su ministra de Interior, Priti Patel, promovieron este lune su plan para hacer más segura la frontera de Reino Unido si los votantes les dan la mayoría suficiente para ejecutar el acuerdo del 'brexit' pactado con la Unión Europea.
«Ser miembros de la UE es incompatible con la seguridad fronteriza vigorosa que necesitamos», decía el artículo publicado por la ministra en el diario 'The Daily Telegraph' para anunciar que, una vez que Reino Unido sea liberado de las restricciones comunitarias, aunque no haya pertenecido nunca al sistema Schengen, «contaremos a la gente que entra y sale y sabremos cuánta hay en el país».
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Los ciudadanos comunitarios que quieran entrar en Reino Unido tras el 'brexit'- que como muy pronto se produciría en el final de 2010, en el caso de que fuese pactado y no abrupto- podrían requerir una declaración similar a la de entrada temporal en Estados Unidos, que ha de enviarse con unos días de adelanto sobre la llegada del visitante. Pero no es seguro, porque depende de la negociación con la UE sobre la relación futura.
Patel adelanta la voluntad conservadora de que el Documento Nacional de Identidad no sirva como ahora para cruzar la frontera, porque sería más fácil de falsificar que el pasaporte. La introducción de notificaciones anticipadas de la llegada de bienes reduciría el contrabando y recaudaría cerca de 6.000 millones adicionales de euros. Y los británicos tendrían también «el poder de parar en la frontera a delincuentes de la UE, al poner fin al libre movimiento».
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