Presión en la burbuja de Bruselas

YBruselas es un gran campo de acción. En su barrio europeo se gestan más del 80% de las leyes que terminarán afectando al día a día de los ciudadanos. Allí se encuentran las sedes centrales de las principales instituciones comunitarias (ComisiónEuropea, Consejo de la UE y Eurocámara). Más de 40.000 funcionarios de los Veintisiete países del club. Y entorno a ellas toda una red de oficinas y sucursales de grupos de presión, en su mayoría grandes corporaciones internacionales. Industria, consultorías, instituciones académicas o religiosas, fundaciones, entidades públicas de ámbito local, regional o nacional, e incluso oenegés.

Todas ellas buscan ejercer su influencia en la toma de decisiones políticas. Y desde el principio de un proceso legislativo que tiene que superar muchas etapas. Largo y complejo. En un mundo idílico, el 'lobismo' «aconsejaría a legisladores» porque es imposible que estos sean expertos en todo. En el mundo real, intentan que sus intereses sean preservados o catapultados. Es su gran centro de negocios.

Esa enorme telaraña de entidades y particulares que envuelve la 'burbuja' de Bruselas tiene grandes cifras. Sólo las supera Washington. Oficialmente, a finales de noviembre existían 12.178 grupos con más de 25.000 profesionales a tiempo completo. Y una movilización de recursos en sus actividades de «presión, defensa de intereses y representación» que se estima entre 1.500 y 3.000 millones de euros anuales. Que la horquilla sea tan amplía ya es reflejo de que existe cierta opacidad.

La presión de grupos civiles y oenegés obligó al Ejecutivo comunitario a abrir un registro de entidades en 2008. Fue un simple gesto. Entrar en la lista era voluntario y los datos, limitados. En junio de 2011 se 'reescribió' ese listado con validez también para el Parlamento europeo. Seguía sin ser obligatorio, aunque ya contenía más información. Fue a partir de 2014, con Jean-Claude Juncker en la presidencia, cuando las inscripciones se reactivaron. Por una cuestión práctica. El luxemburgués prohibió las reuniones con lobistas que no formarán parte de ese registro. Se acotaban los contactos de sus comisarios, gabinetes y funcionarios.

«El problema es que no hay un control y verificación exhaustiva y nosotros no tenemos capacidad», explica Belén Balanyá, cofundadora del Observatorio Europeo de Corporaciones (CEO por sus siglas en inglés). ¿Su cometido? Denunciar el poder de los lobbies empresariales en la UE. En su labor de monitorización han detectado errores significativos. Un ejemplo. 'UGT Comunicaciones' encabezaba (por encima incluso de las todopoderosas Google o Microsoft) la lista con una asignación de 20,7 millones de euros a supuestas actividades de lobby; «sin duda un error», precisa Balanyá. Otro desajuste. «La patronal de la biotecnología Biotec llegó a declarar 50.000 euros cuando tenía contratadas a decenas de personas» en su oficina de Bruselas . «Imposible, porque a un solo sueldo que pagasen, ya consumían el presupuesto del año».

Así que CEOcuestiona la fiabilidad de ese registro. Y apunta además a que el alcance de la información que se ofrece desde la ComisiónEuropea aún es «restringido». Comisarios, miembros de sus gabinete y directores generales están obligados a informar de sus reuniones con cualquiera de estos grupos de presión. En torno a 300 personas de las 32.000 que trabajan solo para la Comisión Europea. «De las demás reuniones, ni palabra, no se registran aunque los lobistas tienen citas con funcionarios, que también elaboran las leyes».

¿Cómo ha afectado la pandemia a toda esa dinámica? En abril los grupos de presión (desde la industria del automóvil hasta los productores de plásticos, las empresas de atención médica o los bancos....) intentaron imponer un retraso en nuevas legislaciones. ¿Su argumento? El coronavirus «pone a las empresas europeas bajo una enorme presión». La patronal de las pymes (SMEEurope) instó, de hecho, a la Comisión a establecer «un instrumento para posponer el plazo de nuevas obligaciones regulatorias porque entrarían en vigor durante la crisis».

No hubo parón, pero sí menor actividad inicial por el caos de la primera ola del patógeno y porque las instituciones comunitarias tuvieron que improvisar una nueva operativa. Las videoconferencias se han sumado como vehículo para influir. Y se han tenido también que incluir en el registro, aunque antes la defensora del pueblo europeo, la irlandesa Emily O'Reilly, «tuvo que dar un toque a la Comisión».

Entre las grandes compañías, el mayor número de contactos directos con el Ejecutivo de Ursula von der Leyen corresponde a Google (258), Airbus (198), Facebook (158) o Microsoft (150), según consta en la plataforma Lobbyfacts.eu.

Las reuniones no sólo se circunscriben a los responsables y funcionarios de la Comisión, también son constantes con eurodiputados. De hecho, los grupos de presión cuentan con empleados que disponen de pases de acceso nominales al Parlamento. Y a un nivel 'estratosférico', las organizaciones ciudadanas también se refieren a «al menos dos cenas al año» entre los presidentes de las instituciones comunitarias y los CEO de las grandes multinacionales europeas. En ellas se analizan asuntos claves de la agenda estratégica de la UE como el Gran Pacto Verde, hoy bandera de Von der Leyen. En estas citas no hay hueco para las menudencias.

La esencia es conectar intereses privados y públicos. Aunque en el caso de Bruselas las oenegés subrayan que el hecho de que las instituciones carezcan de suficiente personal destinado «a la investigación, de expertos y asesores propios», es un vacío en la 'burbuja' que aprovechan las empresas con sus ejércitos cualificados. «Y lo peor es que no se percibe como algo problemático», incide Balanyá.

Códigos de buen comportamiento obligan a funcionarios y a eurodiputados. Con obviedades. Por ejemplo, a estos últimos se les impone «no establecer acuerdo alguno para actuar ni votar en interés de una persona física o jurídica que pueda comprometer su libertad de voto».Otro mandato: «No solicitarán, aceptarán ni recibirán beneficio económico alguno, directo o indirecto, ni cualquier otra recompensa a cambio de ejercer influencia o votar sobre actos legislativos, propuestas de resolución, declaraciones escritas o preguntas formuladas en el Parlamento o sus comisiones, y se esforzarán conscientemente por evitar cualquier situación que pueda dar pie a sospechas de soborno». También existe un registro de obsequios (por un valor superior a los 150 euros) que en toda la legislatura anterior(2014-2019) apenas si reflejaba 74 declaraciones.

Condiciones que se han ido reforzando a medida que engordaba la influencia externa. Pero también a golpe de brecha en el sistema, a golpe de escándalo. Como el que se destapó en 2011, cuando varios periodistas del británico 'Sunday Times' se hicieron pasar por lobistas y tentaron a sesenta eurodiputados. Les ofrecieron formar parte del consejo asesor de una firma ficticia a condición de influir en las decisiones legislativas.Sobre la mesa un sueldo de 100.000 euros anuales. Tres de ellos aceptaron y un vídeo dejó constancia del soborno. En evidencia, lo que era un secreto a voces, que una enmienda redactada por lobistas puede llevarse a debate al hemiciclo.

Los registros de reuniones marcan una obligación de transparencia para la ComisiónEuropea y el Parlamento. Pero no (aún) para el Consejo (las reuniones de los ministros) que tiene gran poder de decisión. En ello se trabaja desde 2016. El pasado 24 de noviembre se alcanzó un acuerdo provisional entre las tres instituciones que plantea «que la obligación de registrarse sea lo más amplia posible», destaca la eurodiputada Danuta Hübner (EPP). Su colega, Katarina Barley (S&D) considera que va a «reforzar» el código de conducta «para abordar los conflictos de intereses». Pero el procedimiento aún no se ha compactado.

Así que el Consejo sigue siendo una especie de 'caja negra'. «Muchos Estados no quieren esa transparencia porque sigue siendo ventajoso culpar a Bruselas», recuerdan desde Corporate Europe Observatory. Recientemente se pactó el acuerdo de Política Agraria Común (PAC), que reduce del 30% al 20% el presupuesto para compensar medidas adicionales en favor del clima. El compromiso fue muy criticado por un sector de la Eurocámara que apuntó a presiones de la agroindustria.

La PAC se enmarca en el Gran Pacto Verde que es «objetivo» de la industria del gas y el carbón. Ya hay partidas supuestamente condicionadas. Diez mil millones de euros «para combustibles fósiles y captura de carbono; para financiar una tecnología que promete absorber las emisiones y que lleva fracasando dos décadas», denuncian desde CEO. Siempre, la sospecha.