Portugal celebrará el 30 de enero elecciones legislativas anticipadas

«Dije que el rechazo de los Presupuestos para 2022 llevaría a elecciones anticipadas y no había terceras vías», señaló Rebelo de Sousa al recordar el duro varapalo que encajó el pasado 27 de octubre el Gobierno del socialista Antonio Costa al no conseguir luz verde en la Cámara a sus cuentas. El primer ministro, favorito para volver a ocupar el poder, aspira ahora a obtener «una mayoría reforzada, estable y duradera» después de que sus antiguos socios, el Bloco de Esquerda (BE) y los comunistas, le dieran la espalda en la votación.

«Es parte de la democracia devolverle la palabra al pueblo. Es el camino que queda por delante. No hay otra manera», insistió Rebelo de Sousa al recordar que el fracaso de los Presupuestos «dividió por completo la base de apoyo del Ejecutivo, mantenida desde 2015». Asimismo admitió que el hecho de celebrar la campaña electoral en Navidades, las primeras desde la irrupción del Covid-19, será un factor que podrá «favorecer la abstención».

El anuncio de anoche del jefe de Estado tuvo lugar horas después de que una encuesta reflejara que el 59% de la población veía ya como inevitable los comicios parlamentarios anticipados. El sondeo, publicado por el 'Diario de Noticias', 'Jornal de Noticias' y la emisora TSF, mostraba en cualquier caso que esa cita con las urnas es considerada como algo «malo» por el 54% de los entrevistados ya que añade inestabilidad al país en un contexto dominado aún por la pandemia de coronavirus y con la recuperación económica en ciernes.

Aunque los institutos demoscópicos y el propio sentir popular dan como ganador al Partido Socialista de Costa, advierten de que no obtendrá la mayoría absoluta. Este resultado volvería a condenar a la formación gobernante a buscar alianzas para intentar sacar adelante los Presupuestos en el Parlamento. Portugal regresaría así al mismo punto de partida que en 2019, cuando los socialistas lograron 108 escaños que les dejaron a solo ocho asientos de conseguir el control de la Cámara.

La diferencia del momento actual con lo ocurrido hace dos años es la herida abierta en la izquierda después de que los antiguos socios del Ejecutivo, el BE y los comunistas, abandonaran a su suerte al Partido Socialista al votar en contra de las cuentas. El primer ministro no ocultó su dolor por el portazo de sus aliados, que en una maniobra insólita unieron fuerzas con la derecha para acusarles de falta de voluntad en el diálogo y denunciar que solo pretendían recuperar la mayoría absoluta que se les escapó por muy poco en 2019.

Ante tal fragmentación y la comprometida situación en la que quedaba el Gobierno, Rebelo de Sousa tuvo claro desde el principio de que lo más viable era no dilatar más la crisis política. «El país no puede permitirse continuar si no se manifiesta el consenso», afirmó. Sus palabras tuvieron eco en la decisión adoptada la noche del miércoles por el Consejo de Estado, cuando tras cinco horas de reunión en el fortín de la Ciudadela de Cascais, a 38 kilómetros de la capital, decidieron la disolución inmediata del Parlamento.

Ahora, con la nueva fecha fijada para las legislativas, el arco político se ha dinamizado para no quedar descolgado y recabar el mayor número de votos. La campaña promete ser agitada ya que la oposición, liderada por el Partido Social Demócrata (PSD), aspira a sacar tajada de la crisis abierta con la muerte de la 'geringonça', el pacto de izquierdas que permitió gobernar la pasada legislatura. En cualquier caso, solo un 29% de los electores ve con opciones al PSD mientras que los analistas señalan al líder del ultraderechista Chega, André Ventura, como uno de los que más se beneficiarían de las elecciones anticipadas.

La polémica también está servida en el bando conservador ahora que el PSD y el CDS- Partido Popular se ven envueltos en luchas intestinas y han solicitado más tiempo para reestructurarse. Prueba de ello es la misiva enviada por 117 personalidades políticas al jefe de Estado para que la fecha de los nuevos comicios les conceda margen suficiente para culminar sus procesos electorales internos. De lo contrario, alertan, se daría una «ventaja injusta» a otros partidos al obligar a ciertas formaciones a «ir a las urnas con dirigentes y programas con legitimidad vencida».