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Paula Rosas
Corresponsal en París (Francia)
Viernes, 22 de marzo 2019
Escaparates panelados, comerciantes atrincherados, los Campos Elíseos cerrados a los manifestantes y militares protegiendo los edificios de las instituciones francesas. Tras las escenas de violencia extrema que se sucedieron el fin de semana pasado en París durante la manifestación de los chalecos amarillos, el Ejecutivo ... francés ha optado por la mano dura y no ha querido dejar nada al azar en la nueva movilización convocada para este sábado.
Por primera vez desde el inicio de las protestas el pasado 17 de noviembre, habrá ciertos lugares en los que estará prohibido manifestarse. En la capital, además de la famosa avenida, el Arco del Triunfo, la plaza de la Concordia y los perímetros del palacio del Elíseo y de la Asamblea Nacional estarán fuera del alcance de los manifestantes. Distintos sectores sensibles han sido también vetados en varias ciudades de provincias como Niza, Burdeos o Toulouse.
La medida ha sido anunciada por el nuevo prefecto de Policía de París, Didier Lallement, que tomó posesión del cargo el jueves y al que el Gobierno le ha pedido «impunidad cero» ante los vándalos. «El lugar de los 'black bloc' es la cárcel», ha dicho el ministro del Interior, Christophe Castaner, en referencia a los grupos de encapuchados ultras que tienen por misión en las manifestaciones causar el mayor destrozo posible. Desde que se inició la crisis de los chalecos amarillos, los daños causados por los disturbios ascienden ya a más de 200 millones de euros. Este sábado, 4.500 agentes de las fuerzas del orden velarán por la seguridad en la capital.
Pero, sin duda, la medida que mayor polémica ha generado esta semana ha sido la de utilizar a militares de la 'operación Centinela' para proteger el Elíseo y otros lugares sensibles. Tras las críticas por el deficiente reparto de los efectivos el fin de semana pasado en la capital, muchos de los cuales quedaron anclados a la protección de edificios públicos como el palacio presidencial, el Gobierno ha decidido esta vez encomendar esa tarea a los soldados que desde 2015 participan en la lucha antiterrorista. La decisión genera todo tipo de dudas, especialmente desde que el gobernador militar de París aseguró en una entrevista en la radio que los militares podrían llegar a hacer uso de sus armas «si su vida o la de otros estuviera en peligro».
El Gobierno asegura que los militares no estarán en contacto con los manifestantes, pero la medida plantea dudas entre los propios soldados de la 'operación Centinela'. Los militares no están formados para llevar a cabo tareas de mantenimiento del orden y su equipamiento se limita al fusil de asalto. Algunos se preguntan qué puede ocurrir si los manifestantes consiguen llegar hasta ellos, y Jean-Luc Mélenchon, líder la izquierdista Francia Insumisa, llegó a decir el viernes que la medida «es grave y alimenta una escalada mortal». El ruido sobre la inclusión de los soldados en el despliegue de seguridad obligó al propio Emmanuel Macron a pronunciarse poco después desde Bruselas, donde asistía a la cumbre europea. «En ningún caso el Ejército va a estar a cargo del mantenimiento del orden público», dijo el presidente, quien criticó el «falso debate» de aquellos que juega «a meter miedo».
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