Dos países bajo permanente sospecha

En el caso de Polonia, en diciembre de 2017 fue la Comisión Europea la que abrió el procedimiento por una controvertida reforma global del sistema judicial que fundamentalmente minaba la independencia de los jueces del Tribunal Supremo al obligarles a adelantar su edad de jubilación. La había precedido (en 2016) otra del Constitucional que el Ejecutivo comunitario pasó por alto. La cuestión es que acabó llevando a Polonia al Tribunal de Justicia de la UE, que en distintas sentencias ha determinado la ilegalidad de varias de las medidas adoptadas por el Gobierno de Mateusz Morawiecki.

En el caso de Hungría ese procedimiento lo inició el Parlamento Europeo. Formalmente, en octubre de 2018, y por asuntos tan espinosos como trato de favor o corrupción con el propio Viktor Orban en el centro de la polémica, o sus intentos por limitar la independencia del Poder Judicial, sus políticas contra la emigración, contra la libertad de prensa, el menosprecio del papel de la mujer, una ley de universidades (que también el TJUE acabaría declarando ilegal) dirigida contra la Universidad Centroeuropea del magnate George Soros, o la regresión a la que ha llevado al país en lo que se refiere a la libertad sexual y a las parejas del mismo sexo. Todo ello han convertido a Orban en el ejemplo más claro de esas derivas autoritarias que la UE pretende atajar.

Incluso sus compañeros de familia política, el Partido Popular Europea, le dieron algo más que un toque en aquel pleno de la Eurocámara de 2018 al posibilitar que se abriera el procedimiento sancionador contra Hungría. Es más, se abrió una crisis con su partido, el Fidesz húngaro por la que continúa suspendido (ningún representante de esta formación puede asistir a las reuniones políticas, votar o proponer candidatos para su organigrama).

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Tanto en el caso de Hungría como de Polonia, los procedimientos están en la primera fase (diálogo, vigilancia...) La segunda requiere constancia de violación sistemática de derechos. Y unanimidad de las capitales (todas menos la señalada) para las sanciones. Y aquí ambos países hacen un frente común que hace inviable cualquier acción. Hoy por hoy Budapest y Varsovia se conceden protección mutua.