Londres y Bruselas reanudan una negociación ya urgente

Michel Barnier, negociador de la Unión Europea, ha regresado a la capital británica después de que el diálogo mantenido el fin de semana entre el primer ministro, Boris Johnson, y la presidente del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen, repitiese en sus conclusiones el lenguaje de los últimos meses: hay avances en varios aspectos, pero diferencias aún insalvables en reglas de competencia justa, pesca y gobernación de un acuerdo.

El pulso entre las dos partes indica que ambas mantienen principios que no pueden ser alterados- la soberanía, en el caso británico; la integridad del mercado común, para la UE-, o que cada una cree que la otra cederá cuando ya se acerca el fin de la fase de transición, que culmina el 31 de diciembre. Londres ha rechazado propuestas anteriores de prorrogar el plazo.

Los medios británicos han afirmado que Johnson esperaba al resultado de las elecciones en Estados Unidos para rematar la negociación del 'brexit' y especulan sobre su mayor debilidad tras la victoria de Joe Biden. El presidente electo fue parte de la administración de Barack Obama, que no apreció el 'brexit'; pertenece a una diáspora irlandesa heredera de resentimientos hacia el Imperio Británico; dijo tras la victoria electoral de Johnson, el pasado diciembre, que era «un clon emocional y físico» del presidente Trump.

Los portavoces de Downing Street niegan que la elección de Biden perjudique a Londres, y el nuevo inquilino de la Casa Blanca tendrá que calibrar su diplomacia irlandesa. Las dos líderes de Irlanda del Norte, la unionista Arlene Foster y la republicana Michelle O'Neill, han enviado una carta conjunta al vicepresidente de la Comisión, Maros Sefcovic, al ministro Michael Gove y a los dos negociadores pidiendo una solución pragmática y urgente a los controles de alimentos que entren en la región para evitar estanterías vacías y precios más altos.

Esos controles son descritos en el protocolo irlandés del Acuerdo de Retirada y los lores debatieron y votaron enmiendas a la ley de Mercado Interior, que da al Gobierno de Johnson poderes para saltarse cláusulas del protocolo, que forman parte de un tratado internacional. La mayoría se expresó por la eliminación del proyecto de ley de la parte que se refiere al protocolo irlandés.

El primer argumento contrario a la propuesta del Gobierno lo expuso el exjefe de la Justicia en Inglaterra y Gales, al que siguieron entre otros un exarzobispo anglicano de Armagh, lord Eames, que dijo que ley amenaza la estabilidad de la región norirlandesa, el mismísimo arzobispo de Canterbury o el exlíder conservador Michael Howard. El exministro 'tory', Kennth Clarke, calificó la ley de Johnson como «inmoral e intrínsecamente ridícula».