Bruselas podrá retener fondos a los países que vulneren el Estado de Derecho

La sentencia se dirige especialmente a Polonia y Hungría, que acudieron a la justicia europea para lograr la anulación de este instrumento, en medio de la tormenta política con Bruselas, que ha intervenido 15 millones de las ayudas dirigidas a Varsovia. En su demanda, los dos países acusaban al Consejo Europeo y a la Eurocámara de haber aprobado el reglamento sin base legal y con el único objetivo de castigar a ambos estados.

Aseguraban, además, que el reglamento choca con el artículo 7 del Tratado de la UE, el mecanismo de condicionalidad de los fondos de recuperación. La tensión entre la UE y los dos estados alcanzó su máximo nivel con el bloqueo de ambos al presupuesto europeo y del plan anticrisis de 800.000 millones de euros durante varias semanas para tratar de tumbar este mecanismo.

Los jueces europeos dieron finalmente este miércoles la razón a las instituciones comunitarias, al señalar que el instrumento que condiciona el desembolso de los fondos, que se aplica desde el 1 de enero de este año, cuenta con una base jurídica adecuada y respeta las competencias atribuidas a la Unión.

La argumentación se refiere más concretamente a sus diferencias con el artículo 7, que tiene como finalidad sancionar las violaciones graves y persistentes de los valores de la Unión. El nuevo reglamento, en cambio, busca proteger el presupuesto de la UE, ya que -según estima la sentencia- la fragilidad del Estado de Derecho en un país miembro «amenazaría» los intereses financieros de la UE y pondría en riesgo «la adecuada implementación de dicho presupuesto».

La normativa financiera de la UE detalla qué factores se consideran como «amenaza» y establece la «proporcionalidad» de las medidas que se deben adoptar.

El mecanismo cuenta con un amplio respaldo del resto de países de los Veintisiete. De hecho, en el proceso judicial se personaron en defensa de la normativa una decena de países -entre ellos España, Francia y Alemania-, además de las instituciones afectadas.

Los representantes comunitarios aplaudieron la sentencia del TJUE. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, consideró que esta normativa permite proteger los intereses comunes frente «rupturas» del Estado de Derecho y ha prometido «claridad» sobre la aplicación práctica de este instrumento. Del mismo modo, insistió en que la institución que preside actuará «con determinación» frente a las infracciones.

Bruselas no detalló, en cambio, el calendario de aplicación del mecanismo, aunque incidió en que en las próximas semanas tendrá listas unas directrices para aclarar cómo se aplicará este mecanismo, que serán adoptadas por el Colegio de Comisarios para posteriormente informar al Consejo.

Los eurodiputados, por su parte, criticaron la lentitud con la que se está llevando a cabo este proceso por parte del Ejecutivo comunitario. Ya en junio, la Cámara pidió a Bruselas que emprendiera acciones en este sentido, con el objetivo de poner coto a las enormes ayudas que reciben los gobiernos de Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki. Más cuando sobre Polonia pesa una sentencia del TJUE que la obliga a desmantelar un régimen disciplinar a los jueces que la UE considera «un riesgo para el Estado de Derecho».

La aplicación del mecanismo no busca «sancionar a los gobierno», apuntaron fuentes de la Comisión Europea, sino garantizar la correcta aplicación de los fondos. Por ello, estará en manos de los Estados miembro «corregir las cuestiones que alegue la UE» y así poder recibir las ayudas europeas.