Johnson pedirá la extensión del Brexit pero evitará ejecutarla

La declaración escrita presentada ante el tribunal recuerda que una ley aprobada en septiembre por el Parlamento, por iniciativa de los partidos de la oposición y con el apoyo de rebeldes conservadores opuestos a la marcha abrupta, obliga al primer ministro a enviar la solicitud de extensión. Si el Gobierno incumpliese la ley podría ser condenado a penas que incluyen la privación de libertad.

Esa ley establece los pasos a seguir si no hay acuerdo el 18 de octubre: el Gobierno puede someter a votación del Parlamento la marcha sin acuerdo, rechazada en todas las ocasiones que la Cámara de los Comunes ha expresado su opinión, y si se rechazase de nuevo, el primer ministro tiene que enviar la carta, con su texto incluido en la ley, pidiendo una extensión hasta el 31 de enero. Si la UE propone otro plazo, el Gobierno tiene dos días para aceptarlo o rechazarlo en consulta con el Parlamento.

Después de que se conociese el contenido del documento de los abogados del Gobierno en la corte de Edimburgo, la BBC ha publicado que un portavoz sin identificar del primer ministro ha confirmado que acatará la ley, añadiendo que «no le impide hacer otras cosas que causarían una no extensión, incluyendo otras comunicaciones privadas y públicas», que ya «está explicando privadamente su verdadera posición en Europa» y que se conocerá pronto.

En agrios debates entre diputados de la oposición, Johnson y otros miembros del Gobierno, la Cámara de los Comunes intentó la pasada semana aclarar la aparente contradicción de la posición del Gobierno, reiterada en las últimas semanas y que continúa en la aparente duplicidad del documento presentado en el tribunal acompañado de la explicación a la BBC.

El compromiso de Johnson con el cumplimiento de la ley ha sido reiterado en la vista de una demanda de un empresario de energías alternativas, Dale Vince, de un abogado activista contra el Brexit, Jo Maugham, y de la también abogada y diputada del independentista SNP, Joanna Cherry, para que los tribunales escoceses fuerzen al Gobierno a solicitar la extensión o que sean los propios jueces quienes la demanden a Bruselas si fuese necesario.

Johnson acataría así la ley aprobada en septiembre en el Parlamento y encaminada a evitar un divorcio caótico el 31 de octubre. Según dicho texto, la prórroga era inevitable si no había acuerdo o un permiso expreso del Parlamento para un Brexit duro antes del 19 de octubre.

Un tribunal de Escocia examina ahora una denuncia de activistas contrarios al Brexit que quieren obtener una orden judicial para que Johnson se vea doblemente forzado a cumplir la ley, después de que el primer ministro haya mostrado en reiteradas ocasiones su disconformidad con una hipotética tercera prórroga del Brexit.

El Gobierno, en documentos remitidos a dicha corte, ha confirmado que Johnson ha asumido su obligación de enviar la carta, según documentos judiciales recogidos por la BBC. La ley contempla incluso el texto que debe ir en dicha misiva, aunque no limita que pueda haber más cartas incluso con mensajes contradictorios.