El Gobierno italiano aprueba la renta de ciudadanía, principal promesa del M5E

El nuevo sistema de jubilación, que estará en experimentación durante tres años para valorar su sostenibilidad, tiene un coste de 4.000 millones de euros este año y superará los 8.000 el que viene. La renta mínima de ciudadanía le saldrá en cambio al Estado por 6.000 millones en 2019 y por alrededor de 9.000 en 2020. El desembolso de 10.000 millones de euros que suponen estas iniciativas durante los próximos meses explica las reticencias que la Unión Europea planteó a las cuentas públicas italianas.

La aprobación de ambas medidas ha sufrido continuos retrasos por el agujero presupuestario que provoca y por su impacto en la gigantesca deuda pública, que supera el 130% del PIB. Sólo en el pago de los intereses, Roma dedica más dinero que a la educación. También tuvo que superar la renta mínima de ciudadanía las dudas que genera en parte de la Liga. Muchos de sus dirigentes la ven como una política que favorece el asistencialismo entre las clases más desfavorecidas del sur del país a costa de los impuestos que pagan los industriales de las ricas regiones septentrionales.

Para Luigi di Maio, líder del M5E y viceprimer ministro, esta medida es sin embargo irrenunciable. Lo demostró el pasado septiembre, cuando tras la aprobación de los Presupuestos, que contemplaban la puesta en marcha de la renta mínima de ciudadanía, salió al balcón de Palacio Chigi, sede de la Presidencia del Gobierno, para gritar orgulloso: «¡Hemos abolido la pobreza!». Esta iniciativa prevé que cada persona perciba una renta mínima de 780 euros mensuales.

Se calcula que unos cinco millones de italianos cumplen las condiciones para recibir este subsidio, que obliga a seguir cursos para facilitar la entrada en el mercado profesional y a realizar trabajos sociales. Los requisitos se han ido endureciendo para reducir su coste e intentar satisfacer las exigencias de Bruselas.

La oposición, liderada por el Partido Democrático (PD, centroizquierda), denunció que ambas medidas aumentan aún más la deuda pública y amenazan la estabilidad presupuestaria. «La 'cuota 100' es dañina para los italianos», aseguró Francesco Boccia, diputado del PD y candidato en las primarias que celebrará esta formación el 3 de marzo para elegir a su nuevo secretario general.