Italia obligará a mostrar el pasaporte covid en el trabajo

La medida, que se aprobará en el Consejo de Ministros convocado esta tarde, entrará en vigor el 15 de octubre. Quien se presente a su puesto de trabajo sin el pasaporte covid se arriesga a ser multado con entre 400 y 1.000 euros. Los funcionarios, además, pueden quedar suspendidos de empleo y sueldo, como ya les ocurre al personal del área sanitaria y educativa, mientras que queda todavía por definir qué ocurrirá con los asalariados del sector privado. Los sindicatos han presionado para que no pueda considerarse como causa de despido.

Al extender esta restricción a todos los trabajadores, el Gobierno de Italia pretende tratar de convencer a los ciudadanos que todavía no se han vacunado. Ya han completado el ciclo de inmunización más de 40 millones de personas, lo que supone casi el 75% de la población mayor de 12 años, la edad mínima a la que es posible recibir los sueros contra la Covid-19. El Ejecutivo espera que la nueva medida contribuya a que el porcentaje suba al menos hasta el 80% en las próximas semanas y se refuerce así la protección comunitaria antes de que empiece el frío y se produzca un eventual un repunte de la pandemia.

«La línea que hemos marcado desde el inicio sigue adelante y es la de extender el uso del pasaporte covid como el mejor instrumento para evitar los cierres y la vuelta de medidas más restrictivas», adelantó el ministro de Trabajo, Andrea Orlando. Su colega en el Gobierno, Mariastella Gelmini, ministra para Asuntos Regionales y Autonomías, confirmó que el Ejecutivo extenderá la exigencia del llamado 'pase verde' a todos los trabajadores. «Solo inmunizando a la gran mayoría de la población podremos contener los contagios. La vacuna es la única arma que tenemos contra el Covid», recordó Gelmini.

Antes de la aprobación de la nueva medida, los líderes sindicales mantuvieron un encuentro con el Gobierno para tratar de que el coste de las pruebas para detectar el coronavirus sea asumido por el Estado y no suponga un desembolso para los empleados. El Ejecutivo, no obstante, no estaría dispuesto a ceder en este punto porque sería un desincentivo a la hora de vacunarse para los trabajadores que todavía no lo han hecho por decisión propia. Quienes no han recibido la inyección por motivos de salud sí que podrían optar a la gratuidad.

Con la obligatoriedad del certificado covid en los lugares de trabajo se extiende el uso de este documento que ya se exigía para consumir en los espacios cerrados de bares y restaurantes, así como para acceder a museos, teatros, espectáculos, competiciones deportivas, gimnasios y piscinas. En caso de que esta medida no evite un repunte de los contagios, el siguiente paso que podría tomar el Gobierno sería la obligatoriedad de la vacuna, un escenario con el que Draghi ha reconocido que estaría de acuerdo.