El escándalo de las mascarillas en Alemania salpica al ministro de Sanidad

El ministerio germano de Sanidad entregó el pasado jueves a la comisión parlamentaria competente una amplia lista de las empresas con las que había suscrito contratos para el suministro de mascarillas durante la epidemia de coronavirus. En la misma aparece la firma Burda GmbH que proporcionó 570.000 mascarillas al ministerio de Spahn.

A preguntas de la redacción digital del semanario germano, el ministerio destacó que la oferta de las mascarillas partió del propio presidente del grupo Hubert Burda, Paul Bernhard Kallen, quien se dirigió personalmente al ministro en abril de 2020, en un momento en el que el gobierno federal buscaba desesperadamente suministradores de material médico. Esa partida fue contratada directamente y sin salir a concurso público, aunque prácticamente todas las compras de ese tipo de material realizadas por Alemania en marzo y abril de 2020, más de 700, se llevaron a cabo por el mismo procedimiento ante las necesidades urgentes y la escasez en los mercados mundiales. También a preguntas de Spiegel Online, el grupo Burda aseguró que el marido del ministro en «ningún momento» fue informado ni participó en ese negocio y tampoco cobró comisión alguna.

El escándalo de las mascarillas ha llevado hasta ahora a la suspensión de militancia y abandono del grupo parlamentario común de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU) de dos diputados por presunta corrupción y el cobro de jugosas comisiones en la gestión de operaciones para la compra de mascarillas por parte de instituciones públicas alemanas. Otros dos diputados conservadores han dimitido también por sus estrechos contactos con regímenes o políticos extranjeros autocráticos.

A ellos se suma desde este domingo Alfred Sauter, exministro de Justicia de Baviera y diputado regional, que anunció esta mañana el abandono de todos sus cargos políticos, también su puesto en la ejecutiva de la CSU, después de que fiscales alemanes abrieran una investigación contra su persona por el cobro de 1,2 millones de euros de comisiones en un negocio para la compra de mascarillas por parte del ministerio de Sanidad de Baviera.

Muchas empresas fabricantes de material médico han denunciado en las últimas semanas y meses que, pese a presentar al ministerio federal de Sanidad interesantes ofertas para el suministro de mascarillas, no recibieron en la mayoría de los casos ni tan siquiera una respuesta de la oficina de Spahn. Spiegel Online señala que las firmas afectadas se preguntan si es necesario tener «padrinos políticos» para hacer negocios con el gobierno federal. Daniel Funke, periodista que contrajo matrimonio con Spahn en 2017, trabaja para el grupo editorial Burda desde 2007 y en septiembre de 2019 asumió la dirección de la oficina del consorcio en Berlín con el objetivo, según la propia empresa, de «establecer y cultivar relaciones con importantes representantes de grupos de interés de todas las áreas sociales relevantes». Burda gestionó a través de una firma en Singapur, de la que posee un 10% de acciones, la producción, suministro y transporte aéreo de las mascarillas, que financió además de manera anticipada, asegura el grupo.

Entre tanto y como consecuencia del escándalo, el presidente de la CSU y primer ministro de Baviera, Markus Söder, anunció este domingo que su partido endurecerá apreciablemente las normas de trabajo para todos sus representantes públicos, de los que se exigirá a partir de ahora «transparencia total» sobre sus ingresos personales. «Queremos tener una imagen amplia y completa, hasta la más pequeña ramificación», dijo Söder, quien destacó que todos hombres y mujeres que a partir de ahora quieran ser candidatos de la CSU para un cargo público deberán suscribir una «declaración de integridad» y comprometerse a respetar un severo código de comportamiento. Quien no lo firme «no podrá ser candidato ni asumir mandato alguno», advirtió el líder conservador bávaro, tras comentar que «hoy toca hacer limpieza general».