Domingo Sangriento, 50 años de división

La historia del conflicto de Irlanda del Norte está llena de heridas individuales y colectivas. Pero pocas han marcado el transcurso de esas tres décadas de violencia como el Domingo Sangriento, del que hoy se cumple medio siglo y cuyo legado sigue generando división en la sociedad norirlandesa. Trece civiles desarmados murieron aquel día por disparos del Ejército británico en una marcha pacífica por los derechos civiles que acabó en tragedia en Londonderry. La decimocuarta víctima sucumbió meses después a causa de las heridas recibidas. La matanza catapultó el conflicto a un nuevo nivel de violencia nunca antes visto y alimentó las filas del IRA durante las siguientes décadas. Muchos recuerdan las decenas de chavales esa misma noche haciendo cola a las puertas de los pisos francos de la organización terrorista para alistarse. Entre ellos, unos años después, estaba el propio Tony.

Más de 3.500 personas fallecieron durante el periodo que los norirlandeses conocen como los 'Troubles' (disturbios), que enfrentó a unionistas, partidarios de mantener los lazos con Reino Unido (en su mayoría protestantes), y republicanos (principalmente católicos) en una sangrienta espiral de violencia. En su inmensa mayoría, fueron víctimas de grupos como el IRA o de los diferentes movimientos lealistas. Sin embargo, es el Domingo Sangriento, una masacre protagonizada por el ejército británico, el que se ha convertido en símbolo de aquella época.

«La matanza tuvo un impacto psicológico brutal en mi generación y en las que le siguieron. Muchos pensamos entonces que los esfuerzos pacíficos por solucionar el conflicto eran inútiles y, de hecho, en los cuatro años que pasé en la cárcel conocí a muchos prisioneros que me dijeron que entraron en el IRA por el Domingo Sangriento», explica por teléfono, desde su casa de Derry, Tony Doherty, que hoy preside la fundación que agrupa a las familias de las víctimas. Consecuencia directa de los disparos de los soldados y de su inmediata exoneración por parte de las autoridades fue que los movimientos que buscaban una solución política al conflicto quedaron relegados al ostracismo. La Asociación por los Derechos Civiles de Irlanda del Norte, convocante de la marcha, nunca levantó cabeza. Fue la decimoquinta víctima. Vendrían muchas más.

Eamonn McCann era miembro de la asociación y aquel 30 de enero estaba junto a otros organizadores, como la entonces jovencísima diputada en la Cámara de los Comunes Bernadette Devlin (más tarde McAliskey). El movimiento, que llevaba años organizando protestas para denunciar la discriminación de la minoría católica en materia de vivienda pública, elecciones o empleo, había conseguido congregar a más de 10.000 personas, aunque la marcha había sido declarada ilegal por las autoridades. Un pequeño grupo se escindió de la masa principal y empezó a lanzar piedras a los soldados, que respondieron con cañones de agua y pelotas de goma y, poco después, con munición real.

«Bernadette tenía el micrófono en la mano y acababa de empezar a hablar cuando escuchamos los disparos. Todo el mundo se echó al suelo, la calle estaba alfombrada de personas y nadie entendía lo que estaba pasando. Mi recuerdo más vívido es el de arrastrarme por el suelo con los codos en mi propia calle, a pocos metros de donde nací y me crié», rememora McCann, que ha sido diputado regional, periodista y ha dedicado toda su vida al activismo. El desconcierto y la incredulidad dieron pronto paso a la rabia. «Y la rabia era algo que el IRA podía canalizar, mucho más que a una sociedad civil pacífica y estructurada», argumenta.

El sentimiento de injusticia se agravó con la investigación oficial que el primer ministro de la época, Edward Heath, encargó al presidente del Tribunal Supremo, John Widgery, y que concluyó -sin poder demostrarlo- que los manifestantes habían disparado primero. Ni los heridos ni muchos de los testigos pudieron declarar en la investigación. Ni siquiera a la propia Devlin se le permitió relatar lo sucedido al día siguiente en la Cámara de los Comunes. El sonoro bofetón que le propinó ese día al ministro del Interior, Reginald Maudling, por asegurar que los manifestantes iban armados, forma ya parte de la historia del Parlamento británico.

Los familiares de las víctimas y los nacionalistas norirlandeses jamás aceptaron el informe de Widgery. Sin embargo, los unionistas asumieron sus conclusiones «porque se ajustaban a lo que querían creer, que era que los soldados respondieron a los disparos del IRA. El gobierno estaba librando una guerra contra una organización terrorista. 1972 fue el año más sangriento de todos el conflicto, con más de 400 muertos, así que no estaban dispuestos a juzgar a unos soldados», argumenta Henry Patterson, profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad de Ulster .

No fue hasta 1998, en el marco del Acuerdo de Paz de Viernes Santo, que el gobierno británico encargó otra investigación judicial independiente sobre los sucesos. El informe del juez Mark Saville tardó 12 años en realizarse, costó cerca de 200 millones de libras, se extiende a lo largo de 10 tomos y concluye que los soldados dispararon primero sobre civiles desarmados. El entonces primer ministro, David Cameron, pidió disculpas en 2010 en nombre del gobierno británico por esa «injustificada e injustificable matanza». El informe de Lord Saville identifica además a los militares que abrieron fuego aquel día, aunque protege su identidad y los nombra con letras. 'F' es la que designa al soldado que disparó el tiro que mató a Patrick Doherty, que entonces tenía 31 años y seis hijos. Uno de ellos es Tony.

«Intento no pensar en ese hombre. Lo he metido dentro de esa caja con el resto de recuerdos que me ponen furioso. Pero es una injusticia, a las víctimas nos han dejado sin derechos porque se sabe quiénes son y qué hicieron y, sin embargo, el Estado ha protegido a personas que deberían enfrentarse a cargos por múltiples asesinatos», afirma Doherty. El informe de Lord Saville abrió la puerta al procesamiento de los miembros de la brigada de paracaidistas que dispararon aquella tarde pero, el pasado julio, la Fiscalía retiró los cargos contra varios soldados, entre ellos el «soldado F». Unos meses antes, un tribunal había desestimado un caso parecido contra dos militares. Los testimonios que se tomaron hace cinco décadas de los soldados no contaron con las garantías legales necesarias, lo que hace su procesamiento hoy inviable.

«El Domingo Sangriento es algo lamentable que nunca debería haber ocurrido», reconoce Ryan McCready, que hoy es concejal del Partido Unionista de Ulster (UUP) en Derry, después de haber pasado 20 años en el Ejército británico. McCready cree, sin embargo, que es una fecha que ha sido politizada y que hay que entenderla en el contexto más amplio de los 'Troubles'.

«Cuando hablas con veteranos que sirvieron en el Ejército durante los 'Troubles' te cuentan que aquello era un campo de batalla. Eran objetivo constante de los terroristas, les disparaban, les marginaban. Y, sin embargo, mucha gente aquí en Irlanda del Norte piensa que, por desgracia, hay dos tipos de justicia. Ninguno de los terroristas está siendo perseguido, investigado o procesado, mientras que aquellos que sirvieron con el Estado y que fueron enviados por el gobierno británico se enfrentan a juicios y tribulaciones 50 años después», opina el concejal.

Para una parte de la sociedad norirlandesa, ha llegado el momento de dejar de mirar atrás. «La enorme mayoría de los jóvenes con los que hablo no piensa demasiado en el pasado. Creen que ese legado es un lastre para nuestro futuro político, pero también social, económico o medioambiental», razona el unionista McCready. Algunas víctimas, agotadas tras cinco décadas de activismo y desengaños, también han arrojado la toalla.

Pero para personas como Eamonn McCann, «el 50 aniversario no es el final de nada. Es otro hito en el camino. El tiempo que me quede lo dedicaré a intentar que se responsabilice a los que estaban al mando aquel día, no solo a los soldados que dispararon».

La verdadera dificultad radica, argumenta el historiador Henry Patterson, en que «es un conflicto que sigue abierto. Saber quién es responsable de la violencia o de la mayor parte de la violencia es una cuestión irresoluble porque no es algo sobre el pasado, sino sobre el presente».