El disparate de las calderas ecológicas desacredita al Ejecutivo de Belfast

La historia comienza en noviembre de 2008, cuando el Ejecutivo de los dos partidos más sectarios de la provincia, el Democrático Unionista(DUP) y el Sinn Féin(SF), tenía un año de ya agitada vida. El Ministerio de Energía y Cambio Climático envió a Belfast una invitación a participar en su programa de incentivo a la instalación de calderas con combustibles renovables (RHI), copiándolo en la región.

El Ejecutivo decidió copiar la ley, pero administrar el plan en la región, de 1,8 millones de habitantes. Londres asignaba cerca de 30 millones de euros para los primeros cuatro años y se comprometía pagar las tarifas durante veinte años adicionales. Eran nuevos fondos. Políticos y funcionarios locales decidirían su destino. Se creó una rama RHI en la consejería, con un funcionario y otra, la responsable, a media jornada.

La subvención de Londres estaba graduada. Se pagaba una tarifa alta hasta una cantidad fija de kilovatios/hora producidos por la caldera registrada y se reducía drásticamente a partir de ese umbral. En Irlanda del Norte se eliminó el escalón, por errores y despistes. Resultado: cuanto más tiempo encendida la caldera más beneficios, por ser las virutas de biomasa más baratas que la tarifa máxima.

El programa fue bautizado como «cash for ash», dinero por ceniza. En granjas, factorías y almacenes vacíos operaron cerca de 1.000 calefactores día y noche, casi todos los días del año. Hasta que, en diciembre de 2016, un documental de la BBC ilustró lo que estaba ocurriendo y advirtió que, como decía la letra pequeña de papeles no leídos, Londres no iba a enviar los millones de euros quemados para nada.

El relato de lo ocurrido daña la reputación de los funcionarios, espina dorsal de la administración en Irlanda del Norte durante la inestable historia de sus gobiernos desde 1921. Los responsables de informar al Ejecutivo, contratar a consultorías o administrar las subvenciones eran incompetentes, generalistas inexactos que pasan de uno a otro puesto cada pocos años, propensos a decir a su consejero lo que quería oír.

Arlene Foster era la consejera responsable. Se reivindica como política atenta a los detalles, pero no leyó documentos ni leyes. Sus asesores animaron a sus allegados a que instalaran calentadores. Desde la oración, arrodillado ante las cámaras, del consejero Jonathan Bell, antes de denunciar a su predecesora, Foster, en un programa de televisión, hasta las revelaciones sobre intrigas, odios y alcohol en el partido y en el Gobierno, el DUP no sale del fiasco tocado por la extrema virtud que postula desde sus orígenes evangelistas.

Michelle O'Neill, actual viceministra principal en nombre del Sinn Féin, era entonces consejera de Agricultura y asistió a decenas de eventos en los que se promovía el programa RHI. Si el gasto extraordinario corría a cargo de Londres, los republicanos irlandeses no iban a pararlo. Pero no habían leído los papeles. El exceso lo pagará el Ejecutivo de Belfast. Consejeros de Sinn Féin, como del DUP, quisieron extender el programa unos días cuando se descubrió el desastre financiero, para avisar a los suyos.

La rectificación del programa de subvenciones ha reducido radicalmente el coste al contribuyente que se temía en 2017, pero un aspecto de esta saga que ha deprimido a una región ya castigada por el sectarismo y la violencia desacredita aún más a los actuales gobernantes de la autonomía norirlandesa. Es la ausencia de notas de múltiples reuniones en las que se tomaron decisiones importantes.

La regla general de la administración pública británica es que el contenido de la discusión y las decisiones tomadas en reuniones a nivel ministerial son anotados por algún funcionario presente. No se hace en Irlanda del Norte porque los funcionarios sienten que los políticos del DUP y del Sinn Féin no quieren que un funcionario escriba y guarde minutas de lo que dicen a puerta cerrada.