Covid-19: el último gran reto para Angela Merkel

Hasta ahora, los responsables económicos de los gobiernos de Angela Merkel han sido rigurosamente obstinados con la reducción de la deuda pública y el mantenimiento de superávits (o al menos del equilibrio fiscal).

Es la teoría del Schwarze Null (déficit cero), que casi se ha convertido en una ideología nacional. Su origen se remonta a comienzos de este siglo, cuando Alemania fue considerada la economía enferma de Europa por el alto coste de su reunificación.

Tras la caída del muro de Berlín, en 1989, la integración de las dos alemanias provocó el aumento de la deuda pública y altas tasas de desempleo.

Para contener el endeudamiento, en 2009 se introdujo en la Constitución la Schuldenbremse, la norma que limita el déficit fiscal federal a un máximo anual del 0,35% del PIB.

El padre de esta medida fue el exministro de Finanzas Wolfgang Schäuble, hoy presidente del Bundestag.

Cuando Merkel llegó a la Cancillería (2005), el déficit fiscal alemán se redujo rápidamente y en 2007 se alcanzó el superávit.

Entre 2008 y 2011, y a causa de la gran recesión, Alemania volvió a registrar déficits pero luego redujo su deuda pública vertiginosamente en comparación con las del resto de las economías de la UE.

Desde 2012 no ha vuelto a contabilizar números rojos.

Tras estos buenos resultados Merkel fue vista como una ama de casa suaba ahorradora y responsable, capaz de de gestionar las cuentas familiares sin sucumbir a las demandas de dinero de sus socios, sobre todo los del sur de Europa.

A la larga se ha visto que esta estrategia también implicó una gran subinversión pública, especialmente en infraestructuras y en zonas rurales, que ha podido comprometer el crecimiento futuro del país.

De hecho, en 2019 las estadísticas mostraban que la economía germana se desaceleraba, por lo que la canciller y su nuevo ministro de Finanzas, Olaf Scholz, barajaban la posibilidad de rebajar su obsesión por los superávits.

Lo que en 2019 parecía una desaceleración se ha convertido en una recesión a causa de la COVID-19. En el primer trimestre del año el PIB alemán cayó un 2,2% y según las previsiones del FMI, caerá un 7,8% en el año 2020. Una caída leve comparada con la contracción prevista para otros países.

El impacto de la COVID-19 ha sido relativamente baja sobre la economía alemana tanto por razones sanitarias (tuvo menos positivos y muertes por cada millón de habitantes) como económicas.

Una parte del sector industrial alemán ha sido capaz de reorientar sus operaciones hacia la producción de equipamientos sanitarios o de desinfección, por lo que no tuvo que cerrar durante meses. Además, las manufacturas alemanas siguen contando con demanda extranjera.

No obstante, el tejido productivo alemán podría sufrir en la era poscovid. Si la crisis provocase la imposición de políticas de corte proteccionista a nivel mundial, la balanza comercial alemana se vería seriamente afectada.

Además, la previsible digitalización de la economía afectará especialmente a su industria automovilística, que da empleo bien remunerado a casi un millón de personas y es vital en las exportaciones alemanas.

Para mitigar los efectos de la COVID-19, el Gobierno germano anunció el pasado 3 de junio un estímulo fiscal de 130 mil millones de euros. En marzo ya había aprobado un primer paquete por 123 mil millones.

Las nuevas medidas combinan la reducción de impuestos con transferencias directas a las familias y a las empresas. La bajada temporal del IVA pretende estimular el consumo y se han reservado unos 50 mil millones de euros para inversiones, especialmente en el sector verde y el digital.

Según el laboratorio de ideas Bruegel, el paquete de estímulos fiscales inmediatos equivale al 13,3% del PIB alemán de 2019, por encima del 9,1% de EEUU, y muy alejado del 4,4% de Francia, el 3,7% de España o el 3,4% de Italia.

Tras 15 años al frente del país, Merkel abandonará la Cancillería en 2021 y quiere retirarse siendo vista como la unificadora de la UE, sobre todo tras el Brexit.

Si su gestión de la crisis financiera (2008), la de la deuda soberana (2010) y la de los refugiados (2015) creó división entre los socios comunitarios, en 2020 quiere generar cohesión con su manejo de la crisis de la COVID-19.

Durante la crisis de la deuda las medidas de austeridad exigidas por Berlín a los países del sur de Europa alimentaron cierto sentimiento antialemán y de euroescepticismo entre los ciudadanos de varios países de la UE.

Ahora, el hecho de que la crisis de la COVID-19 no sea producto de una mala gestión gubernamental hace que los alemanes muestren mayor disposición a suavizar las condiciones para que se otorguen ayudas a los países afectados.

Alemania y Francia han propuesto un fondo de recuperación europeo de medio billón de euros, del que se beneficiarían los países más golpeados por la pandemia.

El proyecto todavía tiene que pasar por un Consejo Europeo en julio y Merkel deberá convencer a los países más frugales (Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suecia) para que apoyen el proyecto.

Pero, ante todo, Merkel y su administración han comprendido que para mantener a flote la industria alemana necesitan unos socios comunitarios fuertes que demanden sus productos y no se decanten por políticas proteccionistas.

Este artículo ha sido publicado en The Conversation