El Constitucional húngaro no valora la cuestionada política migratoria de Orban

El origen de esa resolución está en la impugnación por parte del Gobierno de Viktor Orban de un fallo del Tribunal de Justicia de la UE emitido el 17 de diciembre del pasado año y que consideraba que Hungría, al realizar devoluciones en caliente de migrantes que habían entrado en su territorio de forma irregular, había incumplido las normas comunitarias. No solo por negarles el derecho de asilo, sino también por expulsarles a Serbia.

El Constitucional húngaro no se ha pronunciado en concreto sobre esa impugnación del Gobierno, lo que, por omisión, implica que Hungría se reserva el derecho de tomar sus propias iniciativas en aquellas áreas en las que la UE no ha tomado las medidas adecuadas para implementar las normas comunes. El texto habla de asuntos en los que se constata «una efectividad incompleta» de las normas europeas. En definitiva, que no da por sentada la primacía de la Justicia comunitaria, un pilar incuestionable de la la UE y cuyo cuestionamiento ya ha costado una millonaria sanción y un duro enfrentamiento de Bruselas con las autoridades polacas.

En el fallo, según Associated Press, el tribunal húngaro destaca que la interpretación de la Constitución nacional «no puede tener como objetivo revisar la sentencia del TJUE, ni el procedimiento del Tribunal Constitucional en el presente caso, por su propia naturaleza, se extiende a la revisión de la primacía de la legislación de la UE». Pero incide en que la Carta Magna de Hungría protege el «derecho inalienable» del país a «determinar su unidad territorial, población, forma de gobierno y estructura estatal».

La decisión judicial «se centra únicamente en la migración», subrayó Judit Varga, ministra húngara de Justicia, que celebró en Twitter como «la Corte ha dejado claro que tenemos derecho a negarnos a vivir con pueblos distintos de los que hemos compartido un destino común durante siglos». «La sentencia del Tribunal Constitucional aclara que mientras no se garantice la plena eficacia de las normas de la UE en materia de migración, Hungría tiene derecho a ejercer tales competencias», apostilló. Por su parte, Viktor Orban se apresuró a interpretar que su Gobierno cuenta ya con «una fuerte barrera legal» que ampara sus políticas antimigratorias.

«Analizaremos los detalles legales de ese fallo», aseguró un portavoz de la Comisión Europea tras conocer la decisión de los magistrados. Recordó en una valoración «muy preliminar» que son los Estados los que tienen la obligación de «implementar» las resoluciones del TJUE incidiendo en el carácter incuestionable de su primacía sobre los tribunales nacionales. Hungría, alineada con Polonia en sus conflictos con Bruselas, sigue sus pasos también en esta derivada jurídica. El 7 de octubre su Constitucional planteaba que varios artículos de los Tratados de la UE no eran compatibles con la Carta Magna polaca.