La calle no da tregua a Macron

En otoño de 2018 y buena parte de 2019, el movimiento de los 'chalecos amarillos' puso en jaque al Gobierno con sus protestas, muchas de ellas muy violentas. Este movimiento social sin estructura, sin ideología clara y sin líderes, organizado a través de las redes sociales, nació en las rotondas de la Francia rural, se extendió por todo el país e incendió los Campos Elíseos en París con sus concentraciones.

Los 'chalecos amarillos' -bautizados así porque los manifestantes protestaban con estas prendas reflectantes que son obligatorias de llevar dentro del coche y de ponerse en caso de accidente de tráfico- encarnaron el hartazgo de las clases medias empobrecidas frente a las medidas impuestas por las élites de París. Llegaron a reunir a 287.000 personas en toda Francia el 17 de noviembre de 2018, fecha de la primera gran protesta contra el alza del precio de los carburantes.

Macron, sometido semana tras semana a la presión de la calle, acabó cediendo ante los 'chalecos amarillos' y suspendió el incremento del impuesto que grava el combustible. Sin embargo, el movimiento continuó, con mayor o menor intensidad, con sus protestas hasta que fue perdiendo fuelle.

Un año después de aquella revuelta, la calle volvió a desafiar a Macron con huelgas en los transportes públicos y protestas contra la reforma de las pensiones en todo el país. Los sindicatos se movilizaron. Más de 800.000 personas exigieron el 5 de diciembre de 2019 la retirada de la polémica modificación de las condiciones de la jubilación.

Durante esta movilización, Francia batió su récord con 51 días consecutivos de paros en los transportes públicos, la huelga más larga desde Mayo del 68.

Macron se ha visto obligado por la crisis sanitaria del Covid-19 a aplazar 'sine die' la reforma de las pensiones, aprobada en marzo en primera lectura por la Asamblea Nacional trece días antes del primer confinamiento por coronavirus, pero el proyecto no está enterrado.

El ministro de Economía, Bruno Le Maire, dijo hace unos días que es «una prioridad absoluta». Pero Macron no volverá a ponerla encima de la mesa hasta que no acabe la crisis sanitaria, según la cadena de televisión BFMTV. Todavía está por ver si podrá aprobarla antes de las elecciones presidenciales de 2022 o volverá a chocar con la calle y se verá obligado a retirarla.

El Gobierno quiere acabar con el complejo sistema de pensiones en Francia, fusionando los 42 regímenes actuales en uno solo. Pretende establecer un sistema universal, en el que por cada euro cotizado se tenga derecho a la misma pensión.

Macron persigue acabar así con los regímenes especiales que permiten, por ejemplo, a los trabajadores de la empresa de ferrocarriles SNCF y del metro de París, jubilarse antes o con mejores condiciones que el resto de trabajadores franceses. Por eso, estos empleados fueron los que más se movilizaron el año pasado contra la reforma.

Los ciudadanos han regresado este otoño a las calles para protestar esta vez contra la proposición de ley sobre la seguridad global. La 'marcha de las libertades' movilizó el pasado 28 de noviembre en toda Francia 500.000 personas, según los organizadores, ó 133.000 personas, según el Ministerio del Interior. Hubo enfrentamientos violentos entre la Policía y los manifestantes.

Sus organizadores exigen la retirada del proyecto de ley, especialmente del artículo 24, que prevé limitar la difusión de imágenes de policías y gendarmes en el ejercicio de sus funciones. Sus detractores consideran que fomentará la impunidad y limitará la libertad de prensa.

El texto será examinado en enero por el Senado. Los partidos que conforman la mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional han propuesto reescribir el artículo 24 cuando vuelva a la cámara baja, ante el rechazo que ha generado en buena parte de la sociedad francesa.