Bruselas abre el debate para revisar las normas fiscales

Una arquitectura remozada que ha de levantarse en un contexto pospandemia que deja una deuda desbocada; se mueve en la media del 100% del PIB (en 2019 rondaba el 75%) en la zona euro, con países como Grecia (209,3%), Italia (160%) o España (125,2%) superando esa media de manera holgada. Y que requiere la puesta al día de unas cotas de números rojos que, aunque con modificaciones, se introdujeron por primera vez en el Tratado de Maastricht de 1992. La cuestión es que se augura una discusión tensa y problemática que volverá a colocar al Sur, el más vapuleado por la pandemia, frente a los países frugales del Norte.

Al menos hasta el primer trimestre del próximo año no se conocerá cómo quedará trazado el nuevo esquema de normas fiscales. Porque no será hasta entonces cuando la Comisión Europea proporcionará orientación a los Gobiernos sobre cómo deberán preparar los Programas de Estabilidad y Convergencia de cara a ese 2023 en el que se volvería a la nueva senda. El debate apenas acaba de abrirse.

Bruselas lo ha relanzado este martes después de tener que interrumpirlo en marzo del pasado año, con el estallido de la pandemia en Europa. «Ahora navegamos hacia aguas más tranquilas. Gracias a nuestra respuesta coordinada y asertiva, ahora estamos superando las expectativas de crecimiento», ha asegurado el vicepresidente Valdis Dombrowskis en conferencia de prensa.

El estonio ha constatado que la crisis ha dejado mayores déficits y deudas, «divergencias y desigualdades más amplias y la necesidad de más inversión. Necesitamos reglas de gobernanza económica que puedan abordar esos desafíos». El objetivo del debate con todos los actores clave es conseguir un consenso de base amplia sobre el camino a seguir cuando se retire la cláusula de escape que ha dado barra libre a que los Gobiernos gasten para responder a los envites de la covid-19.

El objetivo es conseguir un marco con normas más sencillas con indicadores que puedan seguirse mejor sin estrangular el crecimiento. «Estamos relanzando esta revisión de nuestra gobernanza económica en un contexto de enormes necesidades de inversión, a medida que la emergencia climática se agudiza cada año que pasa», ha destacado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.

El italiano ha coincidido con el diagnóstico de que «el poderoso apoyo fiscal proporcionado durante la pandemia ha llevado a mayores niveles de deuda». Lo que supone un desafío que justifica más si cabe «tener un marco fiscal transparente y eficaz. Lograr esto es nuestra responsabilidad conjunta y es crucial para el futuro de nuestra Unión».

El debate llega en un marco de división entre países que ya se hizo evidente en la reunión del Eurogrupo del pasado septiembre. España o Francia defienden «flexibilidad y progresividad» en la aplicación de las nuevas reglas para que las inversiones puedan continuar.

Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Letonia, Eslovaquia o República Checa mantienen una posición más rigurosa. Ya en una carta conjunta suscrita hace más de un mes abogaban por «unas finanzas públicas saneadas» defendiendo que «la sostenibilidad fiscal combinada con reformas debe seguir formando la base del marco común». Alemania, hoy enfrascada en la formación de su propio gobierno, tendrá un papel decisivo.