Berlín pone cifras a su compromiso verde

Doctora en ciencias físicas, Merkel destacó el llamamiento de Greta Thunberg, la joven sueca de 16 años impulsora del movimiento juvenil a «unirse tras la ciencia», ya que existen pruebas científicas indiscutibles para el cambio climático. «No es que estemos haciendo aquí algo por cuestión ideológica, sino que estamos haciendo algo porque existen evidencias masivas», afirmó la canciller al presentar el plan del Gobierno. Tras reconocer que el Ejecutivo se ha tomado quizás demasiado tiempo para elaborar su paquete de medidas climáticas comentó ante los medios que «eso diferencia a la política de la ciencia y también de la gente joven e impaciente. La política hace lo que es posible».

El plan estratégico de Berlín para luchar contra el calentamiento global contempla penalizar las emisiones de CO2 y subvencionar tecnologías que las eviten; disuadir del consumo de combustibles fósiles hasta su progresiva y práctica prohibición en algunos casos, y fomentar las energías alternativas. Angela Merkel destacó dos instrumentos pactados por los partidos de la gran coalición, conservadores y socialdemócratas, tras una maratoniana sesión de negociaciones de 19 horas que duró toda la noche: la imposición de un precio a las emisiones de CO2 y la introducción de un mecanismo que permitirá verificar todos los años la puesta en práctica de los objetivos climáticos. «El Gobierno hará un seguimiento del cumplimiento de las metas climáticas hasta 2030 y de los progresos en los distintos sectores de manera anual y por un consejo externo de expertos», señala el acuerdo.

Hasta ese año las emisiones alemanas de CO2 deberán haber bajado al 55% del nivel alcanzado en 1990, de los 866 millones de toneladas anuales actuales a menos de 563 millones de toneladas. El vicecanciller federal y titular de Finanzas, Olaf Scholz, reveló que el cumplimiento de esos objetivos será más caro de lo que se pensaba. El coste del paquete climático hasta 2023 será unos 54.000 millones de euros, dijo Scholz, quien subrayó que el Gobierno no tiene intención de endeudarse para poder llevarlo a la práctica.

Su financiación básica se hará a través de «bonos verdes/sostenibles» que emitirá el Estado, el encarecimiento de los combustibles fósiles, y el pago por cada tonelada generada de CO2 a través de distintos mecanismos, sobre todo mediante la compraventa de certificados a partir de 2021. Con los certificados comerciarán las empresas, aunque será el consumidor el que pague finalmente el encarecimiento de productos como los combustibles fósiles. En 2021 la emisión de una tonelada de CO2 costará 10 euros y 35 en 2026, poco más que el precio que se paga ahora en el sector energético, por lo que esas tarifas han sido calificadas de insuficientes por los economistas ecológicos, que reclaman antes de 2030 un precio de al menos 100 euros por tonelada de CO2 para forzar su reducción.

«Tras meses de negociaciones la canciller Merkel solo ha sido capaz de ofrecer un paquete de medidas que queda millas atrás de los compromisos que figuran en el acuerdo del clima de París», dijo el gerente de Greenpeace, Martin Kaiser. La Ayuda Medioambiental Alemana (DUH) habló de «castillos de aire y promesas huecas» y la presidenta de Los Verdes, Annalena Baerbock, de «decepción amarga». El clima necesita algo «rápido, firme y vinculante y nos dan algo lento, flojo y sin compromiso», señaló la líder del partido ecologista.