Alemania aprueba penalizar a los consorcios por el trabajo infantil

Las grandes empresas alemanas se verán obligadas a actuar contra aquellos suministradores que atenten contra los derechos humanos o el medio ambiente. En caso de no hacerlo pueden ser castigadas con multas de hasta el 2% de su facturación anual. Inicialmente la ley se aplicará a partir de 2023 a consorcios con más de 3.000 trabajadores en Alemania, un total de 925 empresas. A partir de 2024 se ampliará a firmas con más de un millar de empleados en sus plantillas, unas 4.800 empresas con sede en este país.

Esta ley fue aprobada por una gran mayoría en el Bundestag. En votación nominal 412 diputados dieron su aprobación, mientras otros 159 se pronunciaron en contra y 59 se abstuvieron. La propuesta legislativa salió adelante con los votos de los parlamentarios cristianodemócratas (CDU), socialcristianos bávaros (CSU) y socialdemócratas (SPD) de la gran coalición que dirige la canciller federal, Angela Merkel, aunque también Los Verdes respaldaron la iniciativa.

En contra votaron los representantes del Partido Liberal (FDP) y la ultranacionalista Alternativa para Alemania (AfD). Los diputados de La Izquierda se abstuvieron. En el debate previo a la votación, el titular alemán de Trabajo, el socialdemócrata Hubertus Heil, subrayó que los políticos están obligados a actuar contra el trabajo infantil. «Los niños deben ir a la escuela y no a la mina», comentó el ministro, quien subrayó que la nueva ley plantea a las grandes empresas estándares claros.

También el ministro federal de Desarrollo, el socialcristiano Gerd Müller, celebró la aprobación de la polémica ley, que salió adelante -dijo- «pese a las fuertes presiones de algunos 'lobbys'». Para contentar al empresariado, los conservadores de CDU/CSU impusieron que las firmas no se vieran sometidas a una responsabilidad civil suplementaria, de manera que los consorcios cuenten con una cierta seguridad legal y de planificación. A su vez, los radicales y euroescépticos de AfD criticaron la aprobación del proyecto de ley porque beneficia a los competidores extranjeros de las empresas alemanas.

Para Oxfam, asociación internacional de ONGs humanitarias, la ley es una solución mínima a la hora de abordar el problema de la explotación infantil. «Es un éxito porque los Derechos Humanos son protegidos por primera vez por ley en la economía», dijo Franziska Humbert, experta en DDUU de Oxfam, quien subrayó, sin embargo que la ley tiene también grandes vacíos.

«Por ejemplo no contempla un derecho de indemnización para que las trabajadores y trabajadores de las grandes plantaciones de plátanos, viñedos o té puedan reclamar los daños sufridos ante tribunales alemanes frente a las grandes cadenas de supermercados», señaló Humbert. Además, la ley establece que los grandes consorcios alemanes solo deben preocuparse de controlar a sus suministradores directos, que en la cadena tienen también la sede en este país y no allí donde la explotación infantil es el pan de cada día, algo que la experta calificó de «inconsecuente».