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Protestas en berlín por la muerte de George Floyd. Reuters
Alemania admite un «problema permanente» con la discriminación

Alemania admite un «problema permanente» con la discriminación

Se ha producido un aumento del 10% de las denuncias por ese tipo de discriminación racial en el país y la duplicación de las cifras desde 2015

Juan Carlos Barrena

Berlín

Martes, 9 de junio 2020, 19:30

La discriminación racial es también una amarga experiencia cotidiana para muchos ciudadanos en Alemania. La Oficina Antidiscriminación del Gobierno informó este martes de un aumento del 10% de las denuncias por ese tipo de discriminación en el país y la duplicación de las cifras desde ... 2015. «En total en 1.176 ocasiones se han dirigido las personas en 2019 al departamento para denunciar casos de discriminación étnica en el trabajo o su vida cotidiana», señala el informe anual. «Alemania tiene un problema permanente con la discriminación racial y no apoya de manera consecuente y suficiente a los afectados a la hora de imponer la justicia», dijo el director de la oficina, Bernhard Franke. «El sentimiento de ser abandonado ante una injusticia tiene a la larga consecuencias fatales que también amenazan la cohesión social. La discriminación desmoraliza», añadió.

La Oficina Antidiscriminación alemana asesoró legalmente, obtuvo declaración o llegó a acuerdos extrajudiciales el pasado año en 3.580 casos. El 29% se trató de discriminación por motivos de género, un 26% afectó a discapacitados, un 12% a discriminación por edad, un 7% por causas religiosas, un 4% por identidad sexual y un 2% por ideología.

Pero el capítulo mayor de todos fue el de la discriminación racial con un 33% de los casos. Franke exigió del Gobierno central y los de los 16 Estados federados mejorar las ofertas de ayuda para los afectados e incrementar los plazos para la gestión de las demandas por discriminación. En ese sentido celebró como un «importante primer paso» la aprobación por el Senado de la ciudad-estado de Berlín de la primera ley antidiscriminación de un Gobierno regional que posibilita reclamaciones por daños y perjuicios en casos de abusos policiales o discriminación en el sistema educativo.

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