La UE afronta este jueves la negociación más dura de la era 'post brexit'

Parece inviable que la cumbre extraordinaria vaya a ser definitiva. Más bien se presagia como un nuevo capítulo del serial de enfrentamientos entre socios que comenzó a dibujarse hace ya más de un año; la pelea entre contribuyentes netos y receptores principales. Pero fracase o no, la cuestión es que el calendario para un acuerdo se comprime y no cerrarlo en los próximos meses podría taponar las ayudas a agricultores, regiones e incluso estudiantes del Erasmus a partir del 1 de enero. Así que la presión está en su cota más alta.

Por partes. Los jefes de Estado y Gobierno tienen sobre la mesa una propuesta del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que no contenta a nadie. Sugiere que los Estados contribuyan a esas cuentas con el 1,074% de la Renta Nacional Bruta (RNB) frente al 1,16% que hoy está en vigor. Sitúa el límite de gasto en 1,094 billones de euros. El punto de partida del dirigente belga no sólo es más bajo que el actual sino incluso inferior al planteado por la Comisión Europea (1,114%) y está muy alejado del que defiende el Parlamento (1,33%).

La merma en la contribución, lógicamente, viene acompañada de recortes. Los detalles los carga el diablo y en los detalles hay un 12% menos de dinero para los Fondos de Cohesión y un -14% (53.000 millones a la baja) para la PAC (Política Agraria Común). Cierto que Michel aboga por «la flexibilidad»; porque el dinero pueda saltar de un capítulo a otro dependiendo de las necesidades. Pero meter tanto la tijera en las dos fuentes de financiación que más han ayudado a la integración europea ha encendido los ánimos en muchas capitales, entre ellas Madrid.

El precio que se pide para «modernizar» el Presupuesto (reorientarlo a la transformación 'green' y 'digital') es tan alto como inaceptable para los países del este y el sur de Europa, que rechazan de plano reducir las ayudas a la cohesión y los agricultores. Y no cicatriza la herida entre estos y el norte (Holanda, Austria y los países nórdicos), que apuestan por poner menos dinero, por no superar el 1% de la RNB. Incluso ha soliviantado al Parlamento europeo, que tiene que darle el visto bueno final. Su presidente, David Sassoli, habla de que «hoy nos separan 230.000 millones de euros. Estamos lejos de una propuesta aceptable y confiamos en que el Consejo rectifique y sea más ambicioso para iniciar las negociaciones».

El rechazo de España es frontal. De «injusta» e «insuficiente» calificó esta semana la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, la propuesta del Consejo Europeo. Y con los agricultores movilizándose por todo el país, hizo hincapié en lo que considera fundamental: que el 'proyecto Michel' «no reconoce el papel de la agricultura como una herramienta para la cohesión y como un elemento clave en la transición verde». Apaciguar al sector depende del éxito de las negociaciones que el responsable de Agricultura, Luis Planas, mantiene con las distribuidoras para ajustar la cadena de precios. Pero también de la PAC.

Y Francia es su gran aliado en esta batalla. «Tenemos que dar a los agricultores como mínimo los mismos medios que tienen hoy», subrayó su ministra de Asuntos Europeos, Amélie de Montchalin. Al fin y al cabo Francia y España son los principales beneficiarios de la PAC. Y ambos lideran un frente opositor con casi una veintena de Estados del sur y este europeos que ya comenzaron a revolverse cuando la propuesta técnica de la Comisión Europea de finales del pasado año amenazaba con recortes menores, del 5% para los fondos agrícolas y del 7% para los fondos regionales. Conclusión: sobre la cumbre extraordinaria de hoy sobrevuelan amenazas cruzadas de veto.