El Tribunal Penal Internacional ordena detener a Putin

El TPI ha anunciado el inicio formal de dos causas por crímenes de guerra, una dirigida a los presuntos autores de estas deportaciones y una segunda sobre quienes han ordenado atacar las infraestructuras civiles básicas de Ucrania. El Kremlin no oculta que un número indeterminado de menores ha sido trasladado desde la región del Donbás a Moscú, aunque lo enmarca dentro de un programa de adopciones. Sin embargo, expertos de varios países coinciden en que se trata de una clara violación de la Convención de Ginebra que puede calificarse de crimen de guerra. La cifra confirmada de casos por las autoridades hasta el momento se eleva a 16.200, pero se cree que su número real sobrepasa los 150.000.

Muchos de los niños secuestrados son huérfanos cuyos padres han muerto a causa de la guerra, pero también pequeños ingresados en orfanatos que las tropas se llevan directamente de los centros o de las escuelas después de prohibir a las autoridades ucranianas hacerse cargo de su tutela. En otros casos documentados, los rusos son arrancados directamente de sus familias o se fuerza a los progenitores a que los ingresen en campamentos al otro lado de la frontera. Una vez allí son cedidos en adopción a familias rusas. Moscú aprobó el pasado mayo por vía parlamentaria una norma que permite conceder la nacionalidad rusa a estos niños, pese a que su familia esté en Ucrania.

Putin, que entre el lunes y el miércoles próximo recibirá al presidente Xi Jinping en el Kremlin, no ha respondido todavía a la orden de arresto. Sin embargo, hace ya meses que dejó claro que Rusia no reconoce la autoridad del Tribunal Penal Internacional. Esta corte ha emitido también una orden de detención contra María Alekseyevna Lvova-Belova, comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia, bajo las mismas acusacioones.

Según el tribunal con sede en la Haya, Putin «es presuntamente responsable por el crimen de guerra de deportación ilegal de población y el traslado ilegal de población de las zonas ocupadas de Ucrania hacia la Federación de Rusia». El TPI cree que existen «motivos razonables para pensar que Putin es personalmente responsable de los crímenes mencionados», bien por una implicación directa o por no haber actuado sobre los mandos militares y funcionarios autores de las deportaciones forzosas.