Sánchez aplaza hasta el miércoles la decisión sobre la venta de armas a Arabia Saudí

La venta de armas a Arabia Saudí se ha convertido en un quebradero de cabeza del presidente del Gobierno, que nunca pensó que este asunto iba a ser el eje del debate político. En la Moncloa piden esperar hasta el miércoles, cuando Sánchez comparecerá en el Congreso para explicar los resultados del Consejo Europeo de la pasada semana y también para dar cuenta, a petición de Podemos y Esquerra, sobre el comercio de armas con Arabia Saudí.

Los colaboradores de Sánchez piden «prudencia», aunque reconocen que la petición alemana de que la Unión Europea adopte una «posición común» y no venda armas a la monarquía de Riad tras el asesinato de Khashoggi en el consulado saudí de Estambul crea una situación compleja, que se puede complicar aún más si otros socios comunitarios siguen el camino del Gobierno de Angela Merkel. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, también se remitió a la comparecencia de Sánchez en el Congreso y confirmó que está en contacto con su homólogo alemán para perfilar la posición europea.

El Gobierno de Sánchez se escuda para no tomar una decisión inmediata en que hay que esperar a que concluya la investigación sobre el crimen. Ahora mismo, dicen fuentes gubernamentales, la postura no está decidida. Lo que hay es una intensa actividad con contactos a todos los niveles con Turquía y Arabia Saudí. El presidente del Gobierno tiene previsto hablar en las próximas horas con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

Pero además de las pesquisas turcas y saudíes, y de la ofensiva alemana, hay razones domésticas que influirán en la decisión que adopte Sánchez. Pesará mucho el gran contrato firmado por Navantia para que en sus astilleros de Cádiz y Ferrol se construyan cinco corbetas para la Marina de Arabia Saudí por 1.813 millones de euros, un trabajo que garantizará 6.000 empleos hasta el 2022. Hace un mes y medio, Sánchez ya se vio en el ojo del huracán tras el anuncio de la ministra de Defensa de paralizar por razones humanitarias (alegó los ataques a civiles en la guerra con Yemen) la venta de 400 bombas láser por las que Riad ya había pagado 9,2 millones de euros. Los trabajadores de Navantia se movilizaron, la Junta de Andalucía presionó y Arabia Saudí hizo llegar al Gobierno su malestar. El presidente del Gobierno optó por desautorizar a Margarita Robles y mantuvo la venta de bombas con el argumento de que eran «de alta precisión» y no tenían por qué afectar a los civiles.

En esta ocasión hay un nuevo elemento político que entra en juego, las elecciones autonómicas en Andalucía del 2 de diciembre. Si la decisión de Sánchez es cancelar la venta de armas, puede ser un bombazo en la campaña porque no es descabellado pensar que Arabia Saudí rescinda el contrato con los astilleros y la bahía de Cádiz se convertirá en una avispero. Ese es el temor de los trabajadores de Navantia, compartido en silencio en las esferas gubernamentales.

La apelación a la prudencia del Gobierno fue compartida, como no podía ser de otra manera, por el PSOE, cuya portavoz del comité electoral, Esther Peña, señaló tras la reunión de la ejecutiva del partido que la cautela debe imperar «ante cualquier decisión que afecte a los intereses de nuestro país». El líder del PP compartió la idea de esperar antes de decidir a que concluya la investigación de Estambul y Riad sobre la muerte del periodista, aunque su secretario general, Teodoro García-Egea, se mostró partidario de cumplir «los compromisos adquiridos». Ciudadanos también defendió la tesis de que «los contratos se cumplen» para preservar «la seguridad jurídica» de las relaciones comerciales con España, aunque al mismo tiempo abogó por denunciar los «atropellos» a los derechos humanos.

Unidos Podemos mantuvo una línea cambiante porque a primera hora Pablo Iglesias exigió la paralización de las transacciones comerciales de armas y seguir la senda apuntada por Alemania. Su secretario de Organización, Pablo Echenique, apuntaló esa posición y reclamó la cancelación de las ventas a «la teocracia asesina» de Arabia Saudí. Aunque Iglesias, por la tarde, introdujo el factor interno de «la protección de un sector estratégico como son los astilleros». De una forma u otra, hay un raro consenso entre las fuerzas políticas de que se trata de una decisión envenenada.

España es el cuarto proveedor de material bélico a la monarquía saudí, con unas ventas por valor de 254 millones de euros entre 2015 y 2017. Es además el principal cliente de la industria armamentística española al margen de los países de la UE y la OTAN. Un ejemplo, desde que en 2015 comenzó la guerra con Yemen, Arabia Saudí ha triplicado sus compras de munición a España, que pasaron de 34,7 millones en 2016 a 90,1 en 2017, según datos de la Secretaría de Comercio.

Además las relaciones comerciales hispano-saudíes son muy dinámicas, y buen ejemplo de ello fue la adjudicación a un consorcio de ambos países de la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad a La Meca por 6.736 millones de euros, el contrato más jugoso obtenido por empresas españolas en el extranjero.