Rafael M. Mañueco
Moscú
Viernes, 28 de mayo 2021, 19:16
El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo bielorruso, Alexánder Lukashenko, se reunieron este viernes en la ciudad balneario de Sochi por tercera vez en lo que va de año. En las dos veces precedentes, la anterior fue en Moscú, no se anunció ningún ... acuerdo. Tampoco suele avanzarse el contenido de los temas a tratar sobre la mesa. Ni siquiera este viernes, pese a que el aterrizaje forzoso del avión de Ryanair el domingo por una alerta de bomba que resultó falsa y cuyo objetivo no era otro que arrestar al bloquero Román Protasévich y a su pareja, la rusa Sofía Sapega, deberían ser indudablemente los temas centrales de las conversaciones.
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El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, estuvo este viernes todo el día repitiendo que Putin y Lukashenko tocarían asuntos de carácter económico y que, «probablemente», hablarían de lo sucedido con el avión de Ryanair y también de Sapega y su derecho a un «juicio justo». La reunión se había previsto antes de que saltara el escándalo internacional por la detención de Protasévich. Pero todo quedó diluido en el contexto de una reunión secreta para abordar asuntos de Estado de máxima importancia.
Nada más comenzar la cumbre, Lukashenko prometió mostrar a su colega ruso algunos documentos relacionados con el secuestro del avión. Denunció «intentos de desestabilizar la situación en el país con nuevas protestas». Putin, por su parte, calificó el revuelo mundial en torno al incidente aéreo de «emociones desbocadas» y quiso dejar claro que, al margen de ello, «hoy tenemos de qué hablar».
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En declaraciones a la radio Eco de Moscú, el politólogo bielorruso, Valeri Karbalévich, señala que «los verdaderos motivos del encuentro no saldarán a la luz». «No creo que se puedan esperar decisiones importantes o declaraciones cruciales. Pienso que la reunión terminará de la misma manera que las dos anteriores de este año. Es decir, no se proporcionará información sustancial sobre la esencia de las negociaciones», considera el politólogo. A su juicio, entre los dos jefes de Estado «existe una negociación complicada sobre temas muy importantes, pero, por ahora, no quieren sacarlos al espacio público». Karbalévich, cree que «si los servicios de prensa proporcionan alguna información será en términos generales, sobre cuestiones de cooperación, energía o integración». Efectivamente, así fue la nota distribuida por el Kremlin.
Sobre el fondo del asunto, la cuestión que Moscú no ha logrado resolver todavía es la permanentemente aplazada creación del «Estado Unitario» ruso-bielorruso, que, de culminarse, sería una anexión encubierta de Bielorrusia. Los motivos que persigue Putin son de índole defensiva, ya que controlaría el corredor que conduce a Polonia dejando al norte a las repúblicas bálticas y con Ucrania en la parte sur.
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Todos ellos miembros de la OTAN o afines. La ventaja para el Kremlin sería, no sólo estratégica, sino de imagen ante su propia población al mostrar que Rusia dominaría Crimea, el este de Ucrania, parte de Georgia y Bielorrusia. Las ventajas que obtendría Minsk serían económicas, comerciales, acceso a créditos , refinanciación de la deuda, además de petróleo y gas baratos.
Lukashenko, el promotor inicial de la unión ruso-bielorrusa, terminó dándole la espalda a Moscú, hasta el punto de que en Rusia son muchos los que creyeron que el proyecto no era más que una estratagema para obtener prebendas sin la menor intención de ceder soberanía. Lukashenko y el predecesor de Putin, Borís Yeltsin, rubricaron pomposamente en el Kremlin, el 8 de diciembre de 1999, el acuerdo para la creación de un estado unitario, era el cuarto documento tras tres intentos anteriores que no fructificaron. Preveía la creación de una estructura confederal con una misma política económica y de defensa y con una moneda única.
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La firma estuvo precedida de una gran polémica por parte de quienes temían en Rusia unirse a un Estado dirigido por un déspota como Lukashenko y también por los nacionalistas bielorrusos que rechazaban volver a formar parte del «imperio ruso». La idea, una vez pactadas todas las cuestiones de índole política, jurídica y económica, era reformar la Constitución de ambos países y aprobar el documento final en sendas consultas populares.
Pero el proyecto quedó inconcluso. Eso sí con algunos avances. Tomando como referente la Unión Europea, crearon un espacio económico común y eliminaron los controles fronterizos y aduaneros, que después terminaron restableciéndose. Moscú, no obstante, impuso un embargo a algunos productos bielorrusos, a la carne por ejemplo, no quiso bajar el precio del petróleo y del gas a su vecino y tampoco reestructurar su deuda.
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Varios factores degradaron ya de antes las relaciones entre los dos países: el rechazo del presidente bielorruso a privatizar sus empresas estatales a favor de corporaciones rusas, la negativa a reconocer a Crimea como territorio ruso, el acercamiento de Minsk a Occidente y, como consecuencia de ello, la eliminación del visado para los ciudadanos de la Unión Europea y Estados Unidos en visitas cortas a Bielorrusia. Rusia acusó además repetidamente a Lukashenko de beneficiarse de las sanciones de Moscú a la UE, utilizando las ventajas de la zona de libre comercio con Rusia para convertirse en lugar de tránsito de las mercancías vetadas.
Putin presionó una y otra vez a Lukashenko para ultimar de una vez la deseada «integración» de Bielorrusia. El propio presidente bielorruso denunció reiteradamente tales presiones. En diciembre de 2019, con motivo del 20 aniversario de la firma por Yeltsin y Lukashenko del documento base, el Kremlin intentó una vez más llevar a término la «unión», pero también sin lograrlo.
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Una nueva tentativa se produjo en febrero de 2020 en Sochi con la apertura de una nueva ronda de negociaciones. La llamaron «el momento de la verdad», pero tampoco cuajó. Lukashenko no quería perder soberanía y las relaciones con Moscú se enfriaron mucho más. A principios de agosto del año pasado, en la víspera de las elecciones presidenciales cuya manipulación provocaron la mayor ola de protestas jamás vista antes en Bielorrusia, Lukashenko acusó a Moscú de enviar mercenarios a su país para desestabilizar la situación de cara a los comicios. Pero las protestas cambiaron las cosas y echaron al dictador bielorruso en brazos de Putin. Ahora la crisis del avión no ha hecho sino afianzar todavía más si cabe la dependencia que tiene Lukashenko de su amigo Putin.
Bruselas extenderá un cheque de 3.000 millones de euros a Bielorrusia si cambia de rumbo político. La Comisión Europea lo presentó este viernes sin firmar (requiere la autorización de los Veintisiete); en plena escalada de las tensiones con la ex república soviética por el aterrizaje forzado en Minsk de un avión de Ryanair y la detención del periodista opositor Román Protasévich y su pareja. El aislamiento de su espacio aéreo, las sanciones individuales y a empresas ligadas al régimen (algunas en ciernes afectarán a sectores estratégicos como el de la exportación de potasa) son la respuesta de castigo. La ayuda multimillonaria que se plantea ahora es la 'zanahoria' con la que se quiere espolear la transición democrática en el país y el fin del gobierno sátrapa de Aleksánder Lukashenko.
«Estamos enviando un doble mensaje. Al pueblo de Bielorrusia: que vemos y escuchamos su deseo de cambio, democracia y un futuro brillante. Y a las autoridades bielorrusas: que ninguna represión, brutalidad o coacción aportará legitimidad a su régimen autoritario», destacaba la presidenta Ursula von der Leyen quien insistió en el objetivo esencial de la medida: «cuando Bielorrusia comience su transición democrática pacífica, la UE estará allí para acompañarla».
¿Y cómo lo hará? Con respaldo político y un paquete económico que combina subvenciones directas y préstamos con inversiones públicas y privadas que contribuirían a estabilizar su economía, reformar sus instituciones, animar el crecimiento y generar empleo.
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