Boluarte adelanta las elecciones en Perú para intentar calmar la revuelta social

Desde que el miércoles Castillo fuera detenido tras protagonizar un absurdo autogolpe de Estado, la nación ha entrado en el nivel uno de un colapso cuya envergadura depende de que surta efecto el anuncio de la presidenta de adelantar las elecciones presidenciales. La sustituta del que fue dictador durante tres horas, Dina Boluarte, ha decidido enviar al Congreso el proyecto de ley necesario para convocar los comicios en abril de 2024, lo que implica su renuncia a agotar el mandato en 2026.

La realidad se ha impuesto a una jefatura, la de la primera mujer que gobierna Perú, en la que casi nadie creía debido a lo insólito y precario de su nacimiento. Sola, sin bancada en su condición de independiente expulsada de Perú Libre y con el germen de la ira en las calles, la presidenta declaró este lunes que la convocatoria busca satisfacer «de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía» y reinstaurar así la paz social.

Consciente de que el plazo es largo, a más de un año vista, Boluarte recordó que el Congreso debe promover una adaptación constitucional para encajar el proyecto de ley, pero prometió aprovechar ese tiempo para poner en marcha una ley de reforma del sistema político. La iniciativa legal pretende incentivar una Administración más «eficente» y «transparente», partidos «legitimados por la participación ciudadana» y el fin de «toda práctica de corrupción». Invitó a participar en este proceso a «todas las fuerzas políticas del país, la sociedad civil y el conjunto de la población» para forjar «un Perú unido, libre y con justicia social».

Sus palabras contrastan en este momento con la realidad de la calle. Boluarte ha declarado el estado de emergencia en varias regiones ante el estallido social, que comenzó este pasado domingo en la región de Apurímac y se ha extendido a Arequipa, Tacha, Abancay, Puno, Cusco, Ucalayi, Trujillo e Ica. En Arequipa un grupo de manifestantes tomó este lunes el aeropuerto durante varias horas hasta que pudo ser recuperado gracias a la intervención del Ejército, de la misma manera que el domingo fue ocupado el aeródromo de Andahuay, donde medio centenar de policías y trabajadores acabaron retenidos en la torre de control y la terminal.

La Defensoría del Pueblo detalló que en las últimas 36 horas el balance de fallecidos se ha elevado a cuatro. Una de las últimas muertes se registró este lunes en Arequipa, segunda ciudad de Perú, durante la intervención de las fuerzas de seguridad para recuperar la pista de aterrizaje del aeropuerto. La segunda víctima registrada esta jornada se produjo al ser repelida una marcha por fuerzas antidisturbios en la localidad de Chincheros, en Apurímac, lugar natal de Boluarte.

El Ministerio del Interior sospecha que detrás de las movilizaciones más violentas se ocultan activistas destacados del Movadef, la organización política de Sendero Luminoso. Varios de sus dirigentes han sido vistos en las protestas de la plaza de San Martín y el Cercado de Lima, frente a la sede del Congreso, fuertemente custodiada por efectivos de la Policía. El Ministerio de Defensa, por su parte, ha cesado a todos los prefectos de las regiones y ayuntamientos nombrados por Pedro Castillo tras comprobar que varios de ellos han azuzado las movilizaciones en contra del Gobierno. También se ha convocado un consejo para debatir los presuntos excesos policiales, que han causado decenas de heridos.

Mientras tanto, en los tribunales parece allanarse el camino del expresidente hacia un proceso penal rápido. Inmediatamente después de que el Congreso suspendiera sus privilegios, que le concedían un juicio político previo al judicial, la fiscal general presentó ayer cargos contra Castillo -quien se considera «secuestrado» y llamó «usurpadora» a Boluarte- y los exministros Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta por rebelión y conspiración.