La UE sopesa financiar muros en la frontera de Bielorrusia para frenar la inmigración

Una fórmula, esta última, que a finales de octubre rechazaba con contundencia la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. «He dejado muy claro que existe una posición común de la Comisión y el Parlamento Europeo de que no habrá financiación para muros ni alambres con púas», aseguraba la alemana tras la última cumbre de líderes, en la que Polonia –que tiene intención de levantar un muro de 2,5 metros de altura en la zona–, pero también Austria, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Grecia, Hungría, Lituania, Letonia y Eslovaquia habían firmado conjuntamente una petición en ese sentido.

La cuestión es que este miércoles Michel no solo se mostraba receptivo. Incluso destilaba respaldo. Descargaba el peso de la decisión en la Comisión Europea, pero en una comparecencia conjunta con Morawiecki no dudaba en asegurar que «legalmente es posible» el apoyo financiero para construir muros. Existe, añadió, una «opinión clara» en esa dirección que le habrían expresado los servicios jurídicos del Consejo. «La financiación europea de infraestructuras físicas para proteger las fronteras está respaldada por el servicio legal del Consejo, es legalmente posible según el marco legal actual», aseguró.

Así que es partidario de que el debate se ponga de nuevo encima de la mesa de los líderes apelando a la «solidaridad» con los países que están sufriendo las consecuencias directas del chantaje de Minsk. «Lo que está ocurriendo es grave, y debemos ser firmes y actuar con rapidez», planteaba el político belga, que no se descarta atienda otra petición formal de Varsovia. La de celebrar una cumbre telemática de los jefes de Estado y Gobierno de los Veintisiete en los próximos días, antes en cualquier caso del Consejo Europeo programado para el 16 y 17 de diciembre en la capital comunitaria.

Un cierre de filas en toda regla con Polonia que, al menos de momento, neutraliza las sonoras disputas de las últimas semanas e incluso meses. La UE habría apartado sus diferencias con el Gobierno ultraconservador de Morawiecki, al que hace apenas un puñado de días condicionaba el pago de las ayudas del plan de recuperación, a revertir el control que ejerce sobre su poder judicial, y reprochaba de forma sistemática otras decisiones políticas de deriva autoritaria.

«Necesitamos aumentar la presión con el mecanismo de sanciones para asegurar que Lukashenko acaba con estas prácticas», exigió el primer ministro polaco, que desde el estallido de la crisis en su frontera viene advirtiendo de que la «instrumentalización» de los migrantes por parte del régimen bielorruso amenaza «la estabilidad y la seguridad» de todo el bloque. No es un problema «nacional», sino de la UE. Morawiecki, que ha logrado también el apoyo de la OTAN, no ha dudado en señalar a Vladímir Putin como inductor. «Hasta ahora las sanciones no están funcionando, no parecen impresionar demasiado a los dictadores», añadió desde Varsovia.

Mientras se concreta un endurecimiento de las sanciones para personas físicas y entidades vinculadas al régimen o se suspende la política de visados para los funcionarios, las instituciones europeas intentan avanzar en la otra línea de acción planteada el lunes por Von der Leyen; la de imponer sanciones a las compañías aéreas de terceros países «que participen en la trata de seres humanos, por ejemplo estableciendo una lista negra».