El Supremo de Israel da luz verde a los planes de Netanyahu

El Likud y 'Azul y Blanco', coalición que lidera Gantz, aplaudieron la decisión de la Justicia y superado el trámite del Supremo anunciaron que hoy llevarán ante el parlamento las enmiendas recogidas en su acuerdo. Los dos partidos apuntaron al próximo miércoles como la fecha probable para la jura del nuevo Ejecutivo que pondrá fin a más de un año de interinidad en el país.

Organizaciones ciudadanas y un partido político, Yesh Atid, formación que estaba dentro de la coalición 'Azul y Blanco', presentaron ocho denuncias para intentar frenar los planes de Netanyahu, pero el fallo del Supremo fue contrario a sus intereses. El calendario político de Israel avanza y también el judicial, que tiene el 24 de mayo como día escogido para que comience el juicio contra Netanyahu por tres delitos de corrupción. El líder del Likud comparecerá desde una posición de fuerza, como el primer ministro con más tiempo en el cargo del país, para intentar defender su inocencia.

Después de tres años de investigaciones, el fiscal general, Avijai Mandelblit, anunció en noviembre su decisión de imputar a Netanyahu por los delitos de soborno, fraude y abuso de confianza. Los casos contra Netanyahu son los conocidos como «Caso 1000», en el que será imputado por fraude y violación de confianza por recibir regalos por un valor de unos 180.000 euros de empresarios millonarios de Hollywood, a cambio de favores. Por el 'Caso 2000' se le imputan también por fraude y violación de confianza debido a la conspiración con el dueño del diario 'Yedioth Ahronoth' a cambio de obtener una cobertura favorable.

El último caso en explotar, y el más grave, es el «Caso 4000», en el que hará frente a cargos por sobornos, fraude y violación de confianza tras presionar para garantizarse una cobertura informativa favorable para él y su mujer a Walla, portal de noticias propiedad de Shaul Elovitch, principal accionista de Bezeq, el gigante de las telecomunicaciones en el país. A cambio, le habrían ofrecido favores gubernamentales en forma de regulaciones que reportaron millones de dólares a su compañía. En total se enfrenta a penas de más de diez años de prisión.