Miguel Pérez
Sábado, 25 de mayo 2024, 09:50
La El ejército acata más las advertencias de EE UU que el fallo de la Corte Internacional y prosigue los ataques con armamento menos devastador
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m. pérez
La orden de la Corte Penal Internacional de detener la ofensiva en Rafah no ha suspendido el fuego en un territorio que ha entrado tristemente en el umbral de los 36.000 muertos en siete meses de guerra. Israel bombardeó ayer de nuevo algunos sectores de este enclave, además de otros en el norte y el centro de Gaza donde se recrudecen día a día los combates con Hamás. El ejército informó de que en estas operaciones murieron decenas de adversarios radicales y resultaron destruidos numerosos metros de túneles, pero las tropas regresaron otra vez sin encontrar a los rehenes en manos de la milicia.
Las bombas retumbaron en el terreno fronterizo con Egipto, donde permanecen centradas las miradas del Tribunal de La Haya y de Occidente, pero también cayeron sobre Jabaliya y la ciudad de Deir al-Balah, en el norte y centro de la Franja, que tampoco están exentos de ser un nuevo escenario catastrófico por mucho que queden fuera del litigio judicial. Decenas de miles de palestinos que habían regresado a estas áreas tras un primer éxodo hacia el sur vuelven estos días a protagonizar un terrible y rápido desalojo escapando del aumento de los enfrentamientos entre los soldados y los milicianos reagrupados.
Las Fuerzas de Defensa comunicaron que en Jabaliya fueron abatidos «decenas de hombres armados en combates cuerpo a cuerpo y mediante ataques aéreos» y se demolieron varios cuarteles y bases de lanzamiento de cohetes «utilizados por grupos terroristas». En Rafah, por su parte, las tropas asesinaron a una célula de Hamás que había «abierto fuego» contra ellas. Entre las víctimas figura un grupo de francotiradores islamistas que habían hostigado a los soldados israelíes durante días para frenar su despliegue. Las operaciones fueron descritas pr un oficial como «quirúrgicas» y en su transcurso se empleó un arsenal menos devastador que el utilizado anteriormente en otras incursiones en la mitad norte de Gaza, una demostración de que Israel teme más las represalias de la Casa Blanca si provoca una atrocidad contra los civiles que cualquier sentencia.
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«El Tribunal considera que, conforme a las obligaciones de la Convención sobre el Genocidio, Israel debe detener de inmediato su ofensiva en Rafah». Ésta fue la orden dictada hace cuarenta y ocho horas por los jueces de la Corte Internacional de Justicia, que también impelieron al Estado judío a autorizar la entrada de la ayuda humanitaria en Gaza. La resolución, aprobada por trece votos a favor y dos en contra, incrementa la presión sobre el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y su Gobierno, pero también sobre su principal socio en la escena global, EE UU, un papel que no desea y que, a su vez, puede suponer una mayor carga hacia Tel Aviv.
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De hecho, su secretario de Estado, Antony Blinken, llamó al primer ministro tras conocer la posición de La Haya para insistirle en que no lance una operación a gran escala en Rafah. Y, al tiempo, el Departamento de Defensa, el gran escrutador de los movimientos militares israelíes, aseguró que éstos no habían cruzado de momento ninguna de las 'líneas rojas' establecidas por el presidente Joe Biden para soltar amarras de su apoyo al Estado judío.
La resolución judicial ha abierto un amplio debate sobre sus propios límites. Aharon Barak, presidente retirado de la Corte Suprema de Israel y que ha formado parte de la sala internacional, opina que el dictamen obliga a Tel Aviv a cesar toda ofensiva que contravenga la Convención sobre Genocidio y pueda conducir a «la destrucción física total o parcial» de las condiciones de vida de los palestinos. Sin embargo, no hablaría de la totalidad de los ataques que tengan lugar en Rafah.
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'The Times of Israel' lo recogía así en su edición de ayer, donde añade las consideraciones de otros tres magistrados en el mismo sentido. El fallo instaría a suspender toda operación con tintes genocidas sobre la población civil, pero no las acciones específicas contra Hamás o aquellas de carácter «defensivo». Es el asidero al que se habría aferrado el ejército en los últimos bombardeos.
No todos están de acuerdo en esta lectura. Un quinto juez de la sala, el sudafricano Dire Tladi, ha hecho también sus propias aclaraciones y subraya que la sentencia conmina en «términos explícitos» al Estado de Israel a «detener su ofensiva en Rafah». Lo mismo opinan decenas de países que, de nuevo ayer, exigieron a Netanyahu un alto el fuego. Entre ellos figura España que, a través del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, trasladó a Tel Aviv que «el sufrimiento de los gazatíes y la violencia deben terminar» y que las órdenes de La Haya son «obligatorias». Israel no reconoce la autoridad de esta sala que, además, carece de medios para implementar sus dictámenes.
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Las Fuerzas de Defensa no parecen dispuestas a acatar una salida de Rafah. Hay cuatro batallones de Hamás escondidos y cientos de túneles intactos. El Estado Mayor afirma que, sin el control del enclave, tampoco tendrá el de los «terroristas» y, además, quiere fijar su autoridad en la frontera con Egipto con el fin de evitar futuros contrabandos de armas. Pero sí es cierto que ha contenido su demoledora ofensiva. En la de ayer utilizó munición pesada de menor potencia, la artillería y la aviación redujeron su intensidad y no se entró en áreas pobladas.
EE UU ya avisó de que no quería un Rafah sembrado de cadáveres y quizá por eso los batallones no han entrado a sangre y fuego. A finales de esta semana han rodeado los barrios de Brasil próximos a la frontera y lo más lejos que han llegado es al campo de Al-Shaboura. La auténtica prueba llegará en los próximos días, cuando afronten el corazón de Rafah, el centro densamentente poblado donde huele permanentemente a humo, aunque muchas de sus tiendas de campaña ya hayan sido levantadas. Al menos un millón de refugiados se han marchado de allí con el miedo y la resignación en la mirada.
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