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Óscar B. de Otálora
Martes, 21 de noviembre 2023, 00:47
El parlamento israelí vivió ayer uno de los momentos más tensos de su historia reciente cuando familiares de los más de 230 rehenes en manos de Hamás pidieron a los parlamentarios de la ultraderecha que abandonen el debate para recuperar la pena de muerte en ... el país, un proyecto de ley que se mantiene abierto desde marzo de este año. En una discusión airada, los allegados a personas que permanecen en manos de los yihadistas pidieron a los representantes políticos radicales que «dejen de pensar en matar árabes y comienzan a preocuparse por salvar judíos». La extrema derecha, sin embargo, ignoró sus voces.
El debate de la pena de muerte está impulsado por el partido Otzma Yehudit (Poder judío), una formación de extrema derecha, vinculada a organizaciones que Estados Unidos ha considerado terroristas y completamente residual hasta que Netanyahu la incluyó en su coalición. La importancia del partido se vio reforzada con el nombramiento de uno de sus dirigentes, Ben Gvir, como Ministro de Seguridad Nacional.
En otros momentos, propuestas de este tipo han sido desechadas sin más problemas, ya que se trata de una medida que solo defienden los grupos más radicales del sionismo y la ortodoxia religiosa. Sin embargo, el partido Otzma Yehudit consiguió en marzo sacar adelante una toma en consideración para su ley de pena de muerte ya que la oposición se había retirado del parlamento en protesta por las iniciativas del primer ministro Netanyahu para controlar el Tribunal Supremo. De esa manera, el partido ultra radical consiguió apoyar un proyecto de ley que prevé aplicar la pena de muerte a aquellos que quiten la vida a ciudadanos judíos por motivos político y religiosos. Hace unos días, Gvir volvió a defender su proyecto de pena de muerte, pero esta vez lo hizo en el contexto del ataque de Hamás al sur de Israel, en el que murieron 1.400 personas y se produjeron más de 200 secuestros. La invasión de Gaza tras ese ataque ha causado ya más de 15.000 muertos.
La discusión parlamentaria sobre la pena de muerte se produjo en la comisión de Seguridad Nacional de la Knesset, en la que intervinieron los familiares de algunos de los secuestrados por Hamás. En sus declaraciones, acusaron al partido Otzma Yehudit de no tener en cuenta la vida de los cautivos en manos de los yihadistas palestinos. El portavoz de la oposición a Netanyahu, el centrista y laico Yair Laid, acusó a los impulsores de la pena de muerte de «carecer de la más mínima vergüenza». En su reacción, los radicales cargaron contra los familiares de los secuestrados, a los que acusaron de no ser los únicos representantes del dolor que se siente en Israel tras los ataques de Hamás. El ministro de Educación, Yoav Kisch, miembro del Likud, el partido de Netanyahu, aseguró que esa ley no saldrá adelante.
Este debate se produce en un momento en el que se especula con la posibilidad de que Israel alcance un acuerdo con Hamás para liberar a los rehenes. Un pacto de este tipo permitiría a Netanyahu quitar presión a las exigencias de los familiares. Según conocedores de la región, las campañas políticas que pongan en marcha los allegados pueden suponer una erosión al gabinete de Netanyahu que aumentará cada día. Además, este tipo de polémicas generan una división cada día mayor en la política israelí, que junto con cuestiones como los bombardeos de Gaza o la gestión de Netanyahu puede debilitar la unidad nacional frente al terrorismo.
La pena de muerte se abolió en Israel en 1954, pero dejó algunas salvedades vinculadas con las personas que hubieran sido condenadas por motivos relacionados con el Holocausto. La única vez que se ha aplicado la pena de muerte en el país se hizo bajo esas normas y fue para ejecutar en 1962 al criminal de guerra nazi Adolf Eichmann. Con anterioridad, en 1948, se aplicó a un espía durante la guerra de independencia.
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