El ejército israelí cesa a dos altos cargos de la unidad que mató a los voluntarios de la ONG de José Andrés

«El ataque a los vehículos humanitarios es un error grave, que surgió de un fallo grave, como resultado de una identificación errónea, un error en la toma de decisiones y un ataque contrario a las órdenes y normas de apertura de fuego», señala el informe de la investigación, que admite que el bombardeo «podría haberse evitado». En su defensa, destaca que quienes lo aprobaron «estaban convencidos de que atacaban a agentes armados de Hamas y no a miembros» de la conocida ONG del cocinero José Andrés. Antes de la difusión de este informe, altos cargos militares israelíes argumentaron que los hechos ocurrieron a primera hora de la madrugada; por lo tanto, «de noche, durante una guerra, en condiciones muy complejas. Aun así, no debería haber sucedido».

Un organismo militar independiente se ha encargado de realizar las pesquisas por orden del Estado Mayor. El máximo responsable de esta junta, el teniente general Herzi Halevi, la dirección de WCK y los embajadores de los países a los que pertenecían los fallecidos han recibido ya las copias con las conclusiones.

Según este relato, los oficiales de la unidad investigada identificaron a un hombre armado montado en la parte superior de uno de los camiones de ayuda humanitaria que trasladaban cien toneladas de alimentos a un almacén situado en el centro de Gaza. No se percataron de que el convoy pertenecía a una ONG pese a los rótulos de los vehículos, afirman los investigadores. Es más, la brigada también creía que había «un segundo pistolero» en la zona.

Más tarde, cuando los tres coches del convoy abandonaron el almacén, donde los camiones se quedaron para la descarga del material, uno de los comandantes pensó que los hombres armados iban a bordo, los tomó por miembros de Hamás e inició la cadena de órdenes para el bombardeo. Los drones destruyeron uno por uno todos los coches y mataron a sus siete ocupantes.

A la vista del informe, Halevi ha ordenado la destitución del coronel Nochi Mendel, alto cargo de la Brigada de Infantería Nahal, y del oficial de coordinación a cargo del ataque, tras considerarlos como los principales responsables en dar la orden de abrir fuego contra la caravana.

También apercibió a tres comandantes: el mayor general Yaron Finkelman, al frente del Comando Sur del ejército; el general Itzik Cohen, responsable de la 162 División, y el coronel Yair Zukerman, de la Brigada Nahal. La investigación subraya que todos ellos «gestionaron mal una información crítica» y «violaron las reglas de enfrentamiento» establecidas por las Fuerzas de Defensa, El ataque «podría haberse evitado«.

El Estado Mayor ha admitido la «gravedad» de los hechos y expresado su «profundo pesar por la pérdida. Compartimos el dolor de las familias y de la organización WCK». Halevi añadió personalmente que las Fuerzas de Defensa mantienen una «estrecha colaboración con World Central Kitchen», ya que rechazan trabajar con la UNRWA, a varios de cuyos empleados acusaron de pertenencia a Hamás. »Apreciamos enormemente el importante trabajo que realizan», ha añadido el coronel Halevi, tras subrayar que el ejército «aprenderá las lecciones del incidente y las implementará». La primera será dotar a los vehículos humanitarios de pegatinas visibles a las cámaras térmicas de los drones de combate, ya que las usadas hasta ahora pasan desapercibidas por la noche.

La primera reacción a la destitución no ha podido ser más desafortunada. El Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha criticado al jefe del Estado Mayor y afirmado que el cese de los dos oficiales superiores «equivale al abandono de las tropas en medio de una guerra». En una inmediata comunicación en una red social, el político, alineado con el ala más ultra del Gobierno, reprocha a Halevi que su decisión representa un «grave error que transmite debilidad». «Se debe apoyar a los soldados y ciertamente no obligarlos a ser juzgados en un tribunal de campaña», concluye.

La opinión de Gvir difiere sustancialmente no solo del juicio del Estado Mayor israelí, sino de la versión de la propia Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que va mucho más lejos. Considera que el ataque al convoy podría constituir un crimen de guerra por haber atendado contra «personas involucradas en la asistencia humanitaria», según ha dicho este viernes el portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Jeremy Laurence. «Como ha declarado repetidamente el Alto Comisionado, la impunidad debe terminar».

El chef José Andrés lamentó tras la matanza que la muerte de sus siete colaboradores «no sirva para parar la guerra». Sin embargo, sí ha impulsado la apertura de nuevas vías de entrada de ayuda humanitaria, después de que en la noche del jueves el presidente estadounidense, Joe Biden, advirtiera de las duras consecuencias que tendría no hacerlo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Así, el Gobierno ha anunciado este mediodía la apertura del paso de Erez, al norte de la Franja, para introducir «temporalmente» agua y comida a la población residente en este área, afectada por una grave desnutrición y que vive ya episodios de hambruna.

El gabinete de guerra, que preside el propio Netanyahu, ha dado permiso al Ejecutivo a «tomar medidas inmediatas para aumentar la ayuda humanitaria a la población civil de la Franja«, explica un comunicado gubernamental, que añade cómo este incremento «permitirá evitar una crisis humanitaria». Tel Aviv dice que también «es necesario para garantizar la continuación de los combates y alcanzar los objetivos de la guerra». La ayuda se canalizará a través del puerto israelí de Asdod, a unos 35 kilómetros del paso de Erez hacia Gaza.