Cien niños desaparecidos tras el asalto del Estado Islámico a una cárcel siria

«Estamos extremadamente preocupados porque desde el ataque de enero de 2022 el paradero y destino de al menos cien niños permanece sin aclararse, lo que supone una grave preocupación sobre su derecho a la vida», han manifestado, antes de incidir en que «algunos de estos casos puede equivaler a una desaparición forzosa».

Así, han recalcado que «las autoridades a cargo de la prisión, que han estado pidiendo la repatriación inmediata de todos los ciudadanos extranjeros, han recibido una situación casi imposible a nivel humanitario, de Derechos Humanos y seguridad por parte de estados de terceros países».

«Bajo el Derecho Internacional, sin embargo, depende de ellas llevar a cabo una investigación rápida, transparente, imparcial e independiente sobre las circunstancias en las que desaparecieron estos niños y publicar sus resultados», han dicho, antes de subrayar que «el daño a estos niños debe ser identificado y los responsables deben rendir cuentas para evitar la impunidad».

En este sentido, han hecho hincapié en que «los estados a los que pertenezcan los nacionales tienen obligaciones claras para proteger a estos niños vulnerables atrapados en el conflicto en la violencia y no pueden esquivar estas obligaciones simplemente ignorando el paradero de sus ciudadanos».

Los expertos han manifestado además su malestar por la falta de información clara sobre el número de menores encarcelados antes del ataque y han denunciado que «las condiciones de detención en la prisión han empeorado» desde el ataque contra Ghueiran, que dejó más de 200 muertos.

«Hay casos de desnutrición grave. Muchos de los niños detenidos en las prisiones resultaron heridos de gravedad durante la fuga y sus heridas no recibieron tratamiento médico», han reseñado, al tiempo que han añadido que las condiciones de detención no parecen cumplir con los mínimos fijados por los estándares internacionales.

En concreto, han detallado que los menores son retenidos en celdas abarrotadas con entre 20 y 25 personas, en condiciones inhumanas y con un acceso limitado al agua potable, mientras que los escasos contactos previos entre los reos y los familiares han sido suspendidos.

«Estos niños ya han sido víctimas a muchos niveles», han argumentado. «Muchos de ellos fueron llevados a Siria por sus familia, mientras que otros nacieron allí, en familias supuestamente vinculadas a Estado Islámico. Están heridos y afectados sin que sea su culpa y están siendo abandonados ante una experiencia de violencia nefasta e interminable», han denunciado.

«Estos niños, principalmente jóvenes, son víctimas del terrorismo y de violaciones muy graves de los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario. Son considerados culpables por asociación, discriminados y castigados. No se presta atención a sus intereses. Merecen protección y cuidado, no violencia y abandono por parte de la comunidad internacional», han argüido.

Por ello, han reclamado que se restaure el acceso humanitario a las prisiones y han incidido en que es un primer paso para determinar el bienestar y paradero de los detenidos. «Todos los estados y actores presentes en el noreste de Siria deben garantizar la protección de los niños y evitar que sufran mayores daños», han dicho.

«A pesar del reciente ataque contra la prisión, la asistencia humanitaria a los detenidos arbitrariamente no puede ser entendida o presentada como un apoyo material al terrorismo bajo ninguna legislación antiterrorista o acuerdo con donantes», han recalcado.

Por último, los expertos de la ONU han indicado que «debe hallarse una solución internacional para el sufrimiento de aquellos que no puedan ser repatriados en línea con el Derecho Internacional». «Está claro que la situación actual no puede reconciliarse con ninguna posición en la que los estados estén haciendo frente a amenazas internacionales a la paz y la seguridad, incluida la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento», han remachado.