Israel concede la libertad condicional a la trabajadora humanitaria española Juana Ruiz

Esta fue la tercera vista desde que el 17 de noviembre defensa y acusación llegaron a un acuerdo por el que la cooperante fue condenada a 13 meses de cárcel y a una multa de 14.000 euros, por los delitos de «pertenencia a asociación ilegal» y «tráfico de divisas en Cisjordania». Este tipo de acuerdos son la norma general en la justicia militar que aplica Israel en los territorios ocupados, un sistema en el que se condena al 99 por ciento de los acusados.

Juana, de 64 años, reside en los territorios palestinos desde hace tres décadas, donde está casada, es madre de dos hijos y trabaja como coordinadora de proyectos en la ONG sanitaria palestina Health Work Committees (HWC), considerada ilegal por Israel. El 13 de abril los militares irrumpieron a primera hora de la mañana en su casa de Beit Sahour y desde entonces permanece detenida. Israel aplicó a la cooperante española desde el primer momento un régimen de detención administrativa, una práctica habitual con los palestinos en los territorios ocupados, pero no con personal internacional. Esta práctica permite a las autoridades militares encerrar a los detenidos sin juicio ni acusación alegando, en la mayoría de casos, que planean cometer algún delito.

La decisión de la Justicia fue acogida con sorpresa ya que la familia de la trabajadora humanitaria ya se había mentalizado para la posibilidad de que Juana siguiera en prisión hasta el 14 de abril, fecha que marca el final de la condena.