La nueva PAC pondrá el acento en mujeres, desarrollo rural y medioambiente

El primer informe está centrado en las nuevas normas de la UE para la organización común de mercados (OCM) en productos agrícolas después de 2020. Según los eurodiputados, para mejorar la transparencia de los mercados y estar mejor preparados ante posibles turbulencias, se debe crear un observatorio único en la UE para los mercados agrícolas, que se centraría en una amplia gama de sectores, incluidos los cereales, el azúcar, el aceite de oliva, las frutas y hortalizas, el vino, leche y carne. El observatorio debería recopilar datos estadísticos sobre producción, suministro, precios, ganancias, importaciones y exportaciones, y emitir alertas tempranas de perturbación del mercado.

Los eurodiputados también desean ampliar la red de seguridad del mercado permitiendo la intervención pública para nuevos productos, como el azúcar blanco, la carne de oveja, la carne de cerdo y el pollo.

También apuestan por controles más estrictos de los productos geográficamente protegidos.

Respecto a la vid, la comisión parlamentaria considera que el plan de autorización de plantaciones de vid, establecido en 2016 hasta finales de 2030, debería prolongarse hasta 2050. Las etiquetas de los vinos deberían incluir además la declaración nutricional del producto, o al menos su valor energético, y la lista de ingredientes, o el enlace directo al lugar donde se puede encontrar la lista.

Los eurodiputados respaldaron la propuesta de la CE de incluir vinos sin alcohol en la categoría de productos de vid, pero insistieron en que no deberían beneficiarse de la protección de DOP, IGP y TSG.

Otro de los informes aprobados sobre la reforma de la PAC se centra en las nuevas reglas generales de la UE para pagos directos y desarrollo rural después de 2020.

Los ecosistemas voluntarios, que se incluirán en los planes estratégicos nacionales, deben apoyar no solo las prácticas beneficiosas para el medio ambiente y el clima, sino también para el bienestar animal. La comisión de agricultura solicita que se elabore un catálogo de buenas prácticas.

Los eurodiputados quieren dedicar al menos el 30% del presupuesto de desarrollo rural a medidas relacionadas con el medio ambiente y el clima, y no menos del 20% del presupuesto de pagos directos a los programas ecológicos.

También se apuesta por limitar los pagos directos anuales a los agricultores de altas rentas. beneficiar a pequeños y medianos agricultores y también a jóvenes agricultores. Se apoyarán además medidas específicas para promover una mayor inclusión y participación de las mujeres en las economías rurales y utilizar la financiación del desarrollo rural para este fin.

Los eurodiputados están de acuerdo con el plan de la Comisión de obligar a todos los Estados miembros a establecer servicios de asesoría agrícola para informar a los agricultores sobre todos los requisitos y condiciones relacionados con los subsidios, las formas de prevenir la resistencia a los antimicrobianos y la disponibilidad de apoyo a la innovación y las tecnologías digitales.

Según la eurodiputada española Esther Herranz (PPE), ponente de uno de los informes, «he tratado de lograr un equilibrio entre el apoyo a los agricultores y la protección del medio ambiente. La arquitectura verde se ha fortalecido, poniendo un mayor énfasis en un enfoque basado en incentivos. Se ha propuesto una distribución más justa de los pagos para apoyar a las pymes agrícolas».

El tercer informe aprobado sobre la reforma de la PAC recoge la necesidad de la existencia de una reserva destinada a ayudar a los agricultores en momentos de fluctuaciones de los precios o la inestabilidad del mercado. Debe financiarse como un complemento a los pagos directos de la PAC y la financiación del desarrollo rural. Su presupuesto inicial debería ser de 400 millones de euros al que se podrían sumar más fondos cada año junto con cualquier dinero remanente del año anterior, hasta alcanzar los 1.500 millones de euros. Si esto no es suficiente, el llamado mecanismo de disciplina financiera, que reduce los pagos directos para los agricultores, debería activarse, pero solo como último recurso y excluyendo los primeros 2.000 euros de pagos.

Asimismo, el tercer informe aprobado por la comisión de Agricultura propone que si los beneficiarios no cumplen con los requisitos legales sobre el medio ambiente, el bienestar animal o la calidad de los alimentos, deberían perder el 10% de las ayudas (en comparación con el 5% actual). Los beneficiarios seguirán perdiendo el 15% de la cantidad a la que tienen derecho si incumplen deliberadamente la norma.

Los tres textos aprobados por los eurodiputados de la comisión de Agricultura deberán ser debatidos y votados definitivamente por el pleno tras las próximas Elecciones europeas del 26 de mayo.