Macron considera «vital» la reforma de las pensiones

La primera ministra, Élisabeth Borne, propuso el martes subir progresivamente la edad de jubilación de los 62 años actuales a los 64 en 2030. Para cobrar la pensión completa, los franceses deberán cotizar 43 años.

Borne también anunció la revalorización de las pagas hasta los 1.200 euros de pensión mínima al mes por una carrera plena y el fin los «regímenes especiales» para los nuevos contratados. Los «regímenes especiales» permiten, por ejemplo, a los empleados de la SNCF (la Renfe francesa) o del metro de París jubilarse antes o con mejores condiciones que el resto de trabajadores.

Los ocho principales sindicatos franceses (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires y FSU) preparan juntos para el 19 de enero una primera jornada de huelga y manifestaciones, pero advierten que podría haber más protestas si el Gobierno no retira su propuesta. Para el sindicalista Laurent Berger, secretario general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), la respuesta a la reforma anunciada por el Gobierno «sigue siendo no» y «para el conjunto de organizaciones sindicales es no». «Estamos determinados a que esta reforma no se apruebe», dijo el líder de la CGT, Philippe Martinez.

«El sistema de pensiones por reparto no está en peligro y no justifica una reforma tan brutal», aseguran los sindicatos, que consideran que este cambio «golpeará duro» a todos los trabajadores, especialmente a los que comenzaron a trabajar muy jóvenes, a los precarios, aquellos con un empleo físicamente duro y a las mujeres.

Olivier Véran, portavoz del Gobierno, promete que irá «hasta el final» para aprobar la reforma y poder equilibrar así el sistema de pensiones por reparto, un sistema en el que quienes trabajan financian las pensiones de los jubilados. El frente unido de los sindicatos contra la reforma «no da miedo» al Ejecutivo, aseguró Véran. «En nuestro país, cada vez que hace falta trabajar un poco más, cada vez que hay que reformar el sistema de pensiones para adaptarse a las condiciones socio-profesionales y económicas del momento, hay una movilización», recordó el portavoz en la emisora France Info.

El Ejecutivo asegura que la reforma de las pensiones no es «ni relámpago ni brutal ni antisocial», como aseguran sus detractores, sino «un proyecto de justicia y progreso y social», además de una reforma «necesaria y urgente». Se trata asimismo de una de las promesas principales de Macron. Ya lo intentó en su primera legislatura y fracasó por la fuerte oposición en las calles. La pandemia de Covid-19 hizo que el proyecto acabara aparcado en un cajón hasta ahora.

Según el calendario previsto, la reforma deberá ser adoptada por el Consejo de Ministros el 23 de enero. Se espera que la Asamblea Nacional comience a examinar el texto a principios de febrero, para su entrada en vigor el 1 de septiembre. El 59 % de los franceses se opone al cambio, según un sondeo. El 60% apoya las protestas de los sindicatos y el 46% se muestra dispuesto a movilizarse en la calle durante las próximas semanas en contra la reforma.