¿Es genocidio lo que Israel y China hacen en Gaza y Xinjiang?

Sin embargo, ambos casos difícilmente encajan en la definición de genocidio del diccionario. Por eso, hoy analizamos el uso, tan polémico como interesado, que muchos hacen de esta etiqueta.

Quienes sostienen que ni en Xinjiang ni en Gaza se está cometiendo un genocidio justifican su opinión en el dato de la evolución de las poblaciones que, en teoría, están en la diana de los genocidas. En China, por ejemplo, el número de uigures pasó de 3,6 millones en 1953, a 11,6 millones en 2020. Si se tiene en cuenta que la demografía del país asiático estuvo constreñida durante tres décadas por la política de natalidad que restringía a uno el número de descendientes para la mayoría de parejas -curiosamente, no para los uigures-, no se puede argumentar que el Partido Comunista haya puesto en marcha medidas para aniquilar a esta etnia musulmana. Si acaso todo lo contrario. Y algo similar sucede en Gaza, donde la población ha pasado de casi un millón de personas en 1997 a los 2,1 millones de la actualidad, una progresión mucho más positiva que la de Israel.

En contraste, el holocausto judío acabó con 6 de los 9,5 millones de judíos que residían en Europa, el genocidio de Ruanda mató en torno al 80% de toda la población tutsi, y el régimen comunista de Pol Pot masacró a una cuarta parte de los habitantes de Camboya.

Por supuesto, se puede esgrimir que el genocidio palestino ha comenzado ahora, y también aplicar la definición menos concisa que hace del término el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: «Se entenderá por genocidio cualquiera de estos actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso: la matanza de miembros del grupo, la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo y el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo».

En este último caso, hay un elemento clave para determinar si existe genocidio o no: la intención de llevar a cabo un exterminio. Y esto es algo que han negado siempre tanto el gobierno chino, que ha justificado el encarcelamiento masivo de uigures con la excusa de su reeducación para combatir el terrorismo integrista, como el gobierno hebreo, que ha reiterado en multitud de ocasiones que su objetivo no es la población civil sino Hamás.

Y en ambos casos los detractores de utilizar la etiqueta genocidio señalan que hay un razonamiento claro tras las acciones de ambos gobiernos: una cadena de atentados terroristas en el caso de China, y el ataque del pasado 7 de febrero en el de Israel. Además, expertos como el abogado y académico judío Jaime Rosental señalan que también hay palestinos con nacionalidad israelí, incluso combatiendo a Hamás, un grupo terrorista que «sí tiene un lenguaje expresamente genocida» porque aboga por la aniquilación de Israel.

Sin embargo, Craig Mokhiber, director de la oficina en Nueva York del alto comisionado de ONU, considera que la situación de Gaza sí que es «un caso clásico de genocidio» y ha decidido dimitir en protesta por la inacción. El propio Rosental reconoció en una entrevista con la BBC que «algunos políticos parlamentarios» israelíes sí han hecho declaraciones que pueden demostrar una intención genocida, aunque matizó que «esas manifestaciones aisladas no pueden ser tomadas como una intención por parte del Estado de cometer un genocidio».

En cualquier caso, ¿que no se llame genocidio quiere decir que la estrategia de asimilación cultural puesta en marcha por China o la brutalidad de las operaciones militares israelíes y sus ataques contra infraestructuras civiles son justificables? Por supuesto que no. El problema está en que, si banalizamos el uso de términos que se refieren a una gravedad determinada, y depreciamos su valor, nos quedaremos sin palabras cuando la realidad justifique utilizarlos.

Limpieza étnica es cómo se debe llamar a lo que ha sucedido en Myanmar con los rohingya, etnia musulmana que ha sido víctima de todo tipo de matanzas y de una estrategia de hostigamiento impulsada desde todos los estamentos sociales y políticos que ha resultado en la expulsión del país de hasta el 80% de sus miembros. La mayoría reside ahora en terribles campos de refugiados de la vecina Bangladés.

Curiosamente, en la antigua Birmania está pasando desapercibido otro conflicto armado, eclipsado por las guerras de Ucrania y de Gaza. A diferencia de lo que sucede en esos dos, la que libran los diferentes grupos étnicos armados del país asiático contra los militares que hace tres años dieron un nuevo golpe de Estado deja algunas noticias positivas.

En primer lugar, porque la veintena de grupos guerrilleros que operan en la periferia del país han comenzado a unirse para hacer un frente común con muchas más posibilidades de anotarse una victoria militar. En segundo lugar, porque la Operación 1027, como se conoce a la ofensiva que la Alianza de los Tres Hermanos pusieron en marcha el 27 de octubre, ha logrado acorralar a los militares, que están desertando en masa.

Este diario entrevistó el pasado fin de semana al presidente Gobierno de Unidad Nacional que está tratando de reconducir al país para encarrilarlo de nuevo hacia la transición democrática en la que estaba, y Duwa Lashi La se mostró muy optimista sobre las posibilidades de que los ataques tengan éxito. No obstante, incidió en la necesidad de que la comunidad internacional se involucre más y ofrezca asistencia, tanto armamentística como económica, a quienes pueden cambiar Myanmar para siempre. No en vano, el presidente ya ha nombrado un ministro rohingya y ha prometido conceder la nacionalidad a los miembros de esta etnia para lograr su reintegración en el país.

Si te interesa lo que está sucediendo allí, aquí tienes el texto completo.

Se ha dicho muchas veces que el descubrimiento de yacimientos de materias primas puede ser una maldición para los territorios en los que aparecen. Como poco, en el caso de Guyana se ha convertido en un quebradero de cabeza. Porque frente a las costas de Esequibo, cuyos 160.000 kilómetros cuadrados son objeto de una antigua disputa territorial de ese país con Venezuela, han aparecido vastas reservas de combustibles fósiles: al menos, 11.000 millones de barriles de gas y petróleo.

Eso ha hecho que el país de Nicolás Maduro reactive con más fuerza que nunca el interés por hacerse con este trozo de jungla. Un referéndum a principios de mes justificó políticamente su reclamación y el líder venezolano no ha tardado en otorgar concesiones para la exploración y explotación de esos recursos. Además, ha dado un ultimatum de tres meses a las empresas que ya están trabajando en la zona, y que pertenecen a países tan diversos como China o Estados Unidos.

Parece poco lógico que un gran productor de hidrocarburos como Venezuela decida enfangarse en un conflicto diplomático por algo más de petróleo, pero lo cierto es que, mientras su producción cae, la de Guyana crece -está ya en 400.000 barriles diarios- y puede convertirse en el gran espaldarazo que requiere su desarrollo económico.

O en una tragedia. Porque Venezuela está determinada a hacer valer los derechos que afirma tener, a pesar de que la Corte Internacional de Justicia le ha advertido de que no debe modificar el 'status quo'. Mientras tanto, las fuerzas armadas de Guyana están en alerta máxima y no son pocos quienes temen un nuevo conflicto bélico por los recursos naturales de la zona. Lo que faltaba.

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