La política británica para trasladar a Ruanda a los solicitanes de asilo llega al Supremo

La causa se está revisando esta semana en el Tribunal Supremo, a lo largo de tres jornadas previstas de audiencias, cuatro meses después del fallo contrario al Ejecutivo conservador de la Corte de Apelación de Inglaterra y Gales, que consideró la iniciativa contraría a la Convención Europea de Derechos Humanos.

El tribunal lo componen los cinco jueces de mayor categoría del Supremo del Reino Unido, incluido su presidente, Lord Robert Reed. Eadie y el también experto constitucionalista lord David Pannick dirigen al grupo de ocho letrados que defienden al Gobierno en su recurso contra el fallo previo de que Ruanda no es un país seguro en cuestiones de inmigración y acogida de extranjeros no africanos.

En una decisión mayoritaria de dos jueces contra uno, el tribunal de apelación sentenció en junio que inmigrantes enviados por Londres a Kigali correrían el riesgo de ser devueltos a sus países de origen, quedando expuestos a tortura, abusos o trato denigrante.

Sir James resaltó los «detallados compromisos» del acuerdo de migración y desarrollo económico firmado por ambos países en 2002 y las «garantías» ofrecidas por el Gobierno del presidente, Paul Kagame, para asegurar el éxito de la transacción. «El meollo de la apelación se centra en juicios de opinión que el Gobierno ha hecho sobre la conducta futura de Ruanda, un Estado amigo, miembro de la Commonwealth, firmante de tratados internacionales…», expuso sir James antes de destacar la «considerable importancia« del acuerdo para «disuadir los peligrosos viajes» desde las costas de Francia y Bélgica. «Hay una grave y acuciante necesidad de dar pasos efectivos que actúen como (elemento de) disuasión», alegó.

Una resolución contraría del Supremo echaría por tierra la política migratoria del Gobierno conservador y el plan de batalla de Sunak para renovarse como primer ministro en unas elecciones que ha de convocar antes de febrero de 2025. En la febril precampaña electoral, el líder laborista, Keir Starmer, se ha comprometido a revocar el acuerdo con Ruanda y destinar el millonario coste de la operación a la lucha contra traficantes de personas y a mejorar el sistema de tramitación de solicitudes en Reino Unido.

Representantes legales de cinco inmigrantes directamente impactados por el plan para exportar a África los procesos de admisión y gestión de las peticiones de asilo ocupan la otra mitad de los banquillos de la sala número uno de la histórica sede de Westminster. Son individuos nacidos en Siria, Irán, Sudán y Vietnam, cuya identidad se mantiene en el anonimato y que llegaron a Reino Unido en botes desde la Unión Europea y, en un caso, a bordo de un camión. Interior declaró sus casos «inadmisibles» y ordenó su traslado a Ruanda en una operación aérea que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos frenó provisionalmente en junio de 2022.

El colectivo de refugiados cuenta además con el aval adicional de abogados del Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos, que interviene en la causa en base a su extenso conocimiento de la situación en Kigali. Alegan un tenebroso historial de malos tratos y expulsiones inmediatas de inmigrantes procedentes de países alejados de sus fronteras, además de fallos estructurales en el sistema migratorio que no sería apto para acoger a los extranjeros desechados por Londres.

Eadie reconoció los errores en la administración ruandesa como una realidad del pasado, algo «periférico». «Esto es un nuevo contexto con un nuevo conjunto de detallados arreglos», dijo, insistiendo en la potencial efectividad de las medidas de control y supervisión acordadas por el entonces gobierno de Boris Johnson y el equipo de Kagame. El abogado destacó el «potente incentivo financiero», además de otras cuestiones prácticas y de reputación a nivel internacional, que llevarán a Ruanda a cumplir y respetar el acuerdo migratorio.

Londres ha adelantado al Gobierno ruandés 20 millones de libras (unos 23 millones de euros al cambio actual) para financiar los preparativos de acogida de la primera remesa de refugiados, que esperaba enviar el año pasado. La iniciativa cuenta además con una aportación inicial de 120 millones de libras para el desarrollo económico del país africano. El coste para el contribuyente de cada solicitante de asilo deportado a Kigali se calcula en unas 169.000 libras frente a 106.000 libras que el procesamiento y manutención del mismo individuo cuesta al parecer en Reino Unido.

Las vistas del recurso de apelación continúan en el Supremo hasta el miércoles y los cinco jueces podrían emitir sentencia en las próximas cuatro o seis semanas. Una victoria gubernamental activaría quizá recursos individuales de los afectados ante la Corte de Estrasburgo de forma que, de fletarse finalmente vuelos de refugiados, no despegarían hasta 2024.