La Justicia británica declara ilegal la norma de residencia para ciudadanos de la UE

Según los datos del Ministerio de Interior, son 2,7 millones de los seis que tienen ciudadanía comunitaria y permiso de residencia. Se benefician del Acuerdo de Retirada firmado por el Gobierno británico y la UE en octubre de 2019. En ese texto se incluyen las reglas generales sobre los derechos de ciudadanos británicos y comunitarios afectados por la separación.

El Reino Unido se comprometió a otorgar un estatuto de asentamiento, casi equivalente a la residencia permanente, a quienes habían residido cinco años antes del 31 de diciembre de 2020, y a los que no habían alcanzado ese tiempo de estancia se les daba, tras presentar la documentación requerida, un preasentamiento. Da derecho de residencia, de buscar trabajo, de acceso a los servicios públicos.

Pero los preasentados tienen que solicitar el estatuto de asentados cuando cumplen cinco años. Los 200.000 que obtuvieron el estatuto en 2018, cuando comenzó la experiencia piloto del sistema de solicitud, tienen que hacer los trámites para lograr el asentamiento antes de agosto de 2023. Y, si no lo hacen, pueden perder la residencia y podrían ser deportados.

La demanda judicial ha sido encabezada por la Agencia Independiente de Supervisión (IMA) de los derechos de los ciudadanos europeos. Es un ente creado por el Ministro de Interior, que era la parte demandada. La UE ha intervenido en el caso y la asociación '3millones', grupo de presión representativo de los comunitarios, inició la protesta.

Los abogados de la IMA y de los otros demandantes afirmaron durante las vistas que se podrían crear miles de inmigrantes ilegales en el Reino Unido como consecuencia del olvido o de las dificultades para entender el procedimiento. Niños y mayores, personas vulnerables, podrían ser los más perjudicados. Solo el Reino Unido y Eslovenia han introducido dos pasos en el proceso de obtención de residencia.

Según el juez Lane, el método británico es ilegal, porque no respeta los artículos del Acuerdo de Retirada que estipulaban los términos recíprocos de residencia permanente. «Alguien que presenta su solicitud tarde no sabe si el Gobierno la aceptará. Esa persona está ilegalmente en el Reino Unido a partir de ese momento. La consecuencia de que a un permiso de permanencia limitada no le siga otra extensión es extremadamente grave», escribe en su sentencia.

Un secretario de Estado del Ministerio de Interior, lord Murray, ha afirmado que «los ciudadanos de la UE son nuestros amigos y vecinos, y aceptamos la obligación de defender sus derechos en el Reino Unido con mucha seriedad». Pero anunció que el Ministerio recurrirá la sentencia, porque, según el Gobierno, el método «cumple más allá de lo pactado con la protección de los ciudadanos de la UE».

La preocupación de la asociación '3 millones' por las decisiones que tomará el Ministerio de Interior se fundamentan en el ambiente de hostilidad a los inmigrantes que han fomentado los gobiernos conservadores. En su tiempo como responsable de esa cartera, la exprimera ministra Theresa May, presidió sobre un programa de deportaciones de residentes legales procedentes del Caribe que, por su edad o estilo de vida, no tenían los papeles adecuados.

'3 millones' se ha quejado desde el anuncio del plan británico de que el procedimiento de solicitud no concluye con la entrega de algún documento. El estatuto de los residentes comunitarios está registrado en redes electrónicas, que se pueden cotejar en puestos fronterizos, o por empresas y arrendadores.