La Justicia británica niega a Escocia el derecho a convocar otro referéndum

La decisión del Supremo responde a la petición de Dorothy Bain, Lord Abogada del Gobierno escocés, para que la corte aclarase definitivamente si el Parlamento de Edimburgo tiene el poder de convocar un referéndum consultivo sobre la independencia. Durante las dos jornadas del caso, se analizaron los términos de la ley que, en 1998, reguló las relaciones entre Londres y los nuevos poderes autonómicos.

Los jueces recuerdan en su fallo que aquella ley reserva a Londres una serie de competencias, y entre ellas las que tienen relación con la Unión de los reinos de Escocia e Inglaterra. Lord Reed subrayó en la lectura del resumen de la sentencia que el hecho de que un referéndum sea sólo consultivo no evita que tenga 'efectos prácticos' relacionados con la Unión.

Durante el juicio se debatió sobre las diferentes interpretaciones –unas más abiertas y otras más cerradas– del significado de 'estar relacionado con una materia reservada' por Londres. Bain abogó por una interpretación abierta, porque, según ella, como el referéndum sería meramente consultivo, no tendría más que una vaga relación con la competencia del Parlamento de Londres sobre la ley de la Unión.

Los jueces descartan esa interpretación benigna y señalan que el propósito del proyecto de ley es el de celebrar un referéndum legal sobre la independencia. Requiere definir fechas, quiénes tendrían derecho a voto, referencias para las campañas o el cómputo de resultados… Sus efectos no son comparables con los de una encuesta, dicen.

«Sería un evento político importante», escriben, «aunque no tuviese consecuencias legales inmediatas». Cualquier resultado claro, añade el panel de magistrados, «tendría la autoridad, en una constitución y una cultura política basadas en la democracia, de ser la expresión democrática de la opinión del electorado escocés».

También por unanimidad los jueces rechazan el argumento sobre la autodeterminación, presentado en nombre del Partido Nacional Escocés, al que la corte permitió personarse en el juicio como parte afectada. Los magistrados le dicen al SNP que no puede ampararse en la célebre sentencia del Tribunal Federal de Canadá sobre Quebec, porque en ella también se reserva el derecho de autodeterminación unilateral a poblaciones colonizadas u oprimidas.

La cuestión se plantea ahora porque la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha elaborado un proyecto de ley para convocar un referéndum en octubre de 2023, en el que se le preguntaría a la población si Escocia «debe ser un país independiente». Sucesivos gobiernos británicos se han negado a Sturgeon a negociar con ella una cesión de poderes reservados para convocar la consulta, como ocurrió hace ocho años.

La misma ley de autonomía, promovida por el Ejecutivo de Tony Blair, da poder al monarca para modificar las reglas sobre asuntos reservados. Es, en realidad, una especie de decreto ley del Gobierno, que rubrica la Corona. Lo utilizó David Cameron para negociar con el entonces líder del SNP, Alex Salmond, el referéndum de 2014, que ganó el 'no' a la independencia por 55%-45%.

Desde entonces, el debate constitucional se ha polarizado. Votantes escoceses en favor de la permanencia en la Unión Europea en el referéndum de 2016 se han unido a la causa de la independencia, porque el SNP comparte el ideal del regreso. En 2014, los unionistas advirtieron que la Escocia independiente quedaría fuera de la UE, a donde fue arrastrada dos años más tarde por una mayoría inglesa. Pero el 'no' y el 'sí' a la independencia tiene similares simpatías, según las encuestas.

Sturgeon está publicando documentos que diseñan el futuro institucional de una Escocia separada del Reino Unido. Tras conocer la sentencia, confirmó que su partido acudirá a las elecciones generales previstas para 2024 con la única promesa electoral de convocarla, y así reforzar su legitimidad. «O abandono la idea de la democracia en Escocia o encuentro otra ruta», ha dicho.

Es una estrategia arriesgada, según Salmond, que acusa a su sucesora de no alentar manifestaciones populares y de perseguir una estrategia tibia para lograr el objetivo. Con su pequeño partido, Alba, propone que los grupos en favor de la independencia hagan campaña en 2024 como Scotland United (Escocia Unida). Tras la decisión de este miércoles, el exministro principal alentaba a la movilización. «Hay que poner de nuevo el futuro de Escocia en manos escocesas, no en las de un Parlamento o Tribunal en Londres».

Para el primer ministro, Rishi Sunak, la sentencia del Supremo es «un fallo claro y definitivo». El jefe de Gobierno ha establecido mejores lazos iniciales con las autonomías y con los vecinos irlandeses. Desde 2007, ninguno de sus predecesores había acudido a las reuniones del Consejo Británico-Irlandés. Allí se entrevistó con Sturgeon, algo a lo que se negó su predecesora, Liz Truss, que ignoró a la líder escocesa, tal como había prometido en su campaña.