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Roma
Jueves, 24 de noviembre 2022, 18:13
La mano dura del Gobierno de Giorgia Meloni alcanza ya a la educación italiana para acabar con uno de sus grandes problemas, el abandono escolar, que afecta a un 13% de los estudiantes. El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, anunció este jueves que solo podrán ... beneficiarse de la renta de ciudadanía, el equivalente al ingreso mínimo vital de España, quienes completen la educación obligatoria, de manera que puedan mejorar sus posibilidades de encontrar un empleo y dejen así de ser un peso para las cuentas del Estado. Esta partida se verá muy reducida en los Presupuestos del año que viene, para desaparecer completamente en 2024.
Para Valditara resulta «inmoral» que reciban esta paga de cerca de 500 euros mensuales quienes «no hayan terminado la escuela o lo hayan hecho pero ni trabajan ni estudian», dijo en una clara referencia a los llamados 'ninis'. «Es inaceptable moralmente, significaría legitimar o incluso premiar una violación de la ley», destacó, recordando que la legislación obliga a cursar el ciclo formativo hasta los 16 años. «Consideramos que se debe forzar a completar la educación obligatoria a quien la interrumpiera ilegalmente. En el caso de personas con títulos de estudios superiores, pero que estén desempleadas, tendrían que seguir un recorrido de formación profesional», anunció el ministro. Quien no acepte esta exigencia «perderá la renta de ciudadanía o la eventual medida asistencial que la sustituya a partir de 2024».
Según los datos del Ministerio de Educación italiano, de los más de 364.000 jóvenes de entre 18 y 29 años que reciben ahora mismo esta ayuda, 11.000 acabaron solo la educación primaria o no tienen ningún tipo de estudios, mientras que 128.000 únicamente se formaron hasta los 13 años. Esto hace que les resulte muy difícil encontrar un trabajo.
Valditara, miembro de la Liga, uno de los partidos que forman parte de la coalición conservadora que sostiene al Ejecutivo, ya dejó clara cuál iba a ser su prioridad al añadir el apellido «y del Mérito» al nombre del Ministerio que dirige desde hace un mes.
Meloni también pretende arreglar con esa misma mano dura el problema del uso de los teléfonos móviles en clase. «Hay que dejarlos fuera de las aulas», anunció el ministro en una entrevista con la Rai, justificando su decisión por la necesidad de garantizar a los estudiantes y a los profesores un tiempo de estudio sin distracciones.
Si el Ejecutivo de Roma acaba concretando esta idea con una ley, seguiría los pasos de las autoridades galas, que prohibieron en 2018 el uso de estos dispositivos en los centros educativos para los menores de 14 años de edad. Aunque en Italia en teoría están permitidos solo cuando se utilizan con fines didácticos y bajo la supervisión de un docente, la realidad es que a los profesores les cuesta horrores que los muchachos no saquen sus móviles en mitad de clase, pues no cuentan con el respaldo del Ministerio.
Éste publicó hace cuatro años un decálogo en el que se abrieron las puertas al uso de estos dispositivos en las aulas al afirmar que las escuelas deben «promover el desarrollo de la didáctica digital» y que tenían que ser los profesores los que decidieran los «modos y tiempos» más oportunos sobre su utilización.
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