El Gobierno francés refuerza su lucha contra el fraude social

Para ello, el Ejecutivo galo reforzará el número de funcionarios antifraude que se encarguen de controlar mejor el abono de las pensiones a jubilados que viven en el extranjero con el fin de evitar que se continúen transfiriendo a beneficiarios que están muertos, pero cuyo fallecimiento no ha sido debidamente declarado. En especial en los países fuera de la UE, sobre todo del Magreb, donde el cruce de datos con las administraciones locales es menos eficaz que en el continente europeo.

Francia paga más de un millón de prestaciones a jubilados que residen fuera de su territorio nacional, la mitad de ellos en Europa y otra mitad lejos del Viejo Continente. De éstos, se calcula que unos 300.000 jubilados residen en Argelia, excolonia gala, según datos oficiales.

El Gobierno de París realizó el pasado otoño en Argelia un proyecto piloto para luchar contra el fraude social. De los 1.000 jubilados controlados que se suponía vivían en el país norteafricano, se comprobó que unos 300 casos constituían un fraude. Para evitar que esto siga produciéndose, los jubilados residentes en el extranjero, especialmente los mayores de 85 años, deberán acudir a los consulados o bancos locales para verificar su identidad a la hora de cobrar la pensión.

Francia prevé también reforzar las condiciones de residencia en el país para poder beneficiarse de ayudas sociales. De este modo, habrá que justificar un mínimo de nueve meses al año de estancia para recibir ciertos subsidios y ayudas sociales. «A partir del 1 de julio, no se realizarán más pagos en cuentas bancarias de fuera de la Unión Europea», anunció Attal.

Para atajar este tipo de fraude, el ministro también quiere que los funcionarios de la Seguridad Social puedan cruzar datos con los ficheros de pasajeros de compañías aéreas (PNR, por sus siglas en inglés) para verificar si una persona reside en Francia o pasa más tiempo en el extranjero.

En cuanto a los migrantes en situación irregular en Francia, el ministro de Cuentas Públicas recordó que no tienen derecho a cobrar ningún subsidio social. Para evitar que se produzcan casos de sin papeles que reciban ayudas sociales, Attal anunció que presentará una proposición de ley para el intercambio automático de datos entre la Seguridad Social y el Ministerio del Interior.