Francia planea revocar la ciudadanía por lugar de nacimiento en su isla de Mayotte, en el Océano Índico

Darmanin señaló que «el fin del derecho de suelo en Mayotte es una iniciativa del presidente de la República. Una revisión constitucional hará que ya no sea posible convertirse en francés si no se es hijo de padres franceses». De este modo, el Gobierno busca acabar con «la atractividad que tiene el archipiélago» y frenar la inmigración ilegal masiva.

Mayotte, el departamento más pobre de Francia, sufre una fuerte crisis migratoria, problemas de inseguridad y restricciones de agua potable. Sus habitantes bloquean desde hace tres semanas las carreteras para protestar contra la inseguridad y la inmigración irregular.

Situada a 350 kilómetros de Madagascar, Mayotte, con una población de 310.000 habitantes, sufre una oleada de inmigrantes ilegales procedentes principalmente de la Unión de las Comoras, uno de los países más pobres del mundo. Comoras está a sólo 70 kilómetros de la isla, lo que facilita la llegada de inmigrantes sin papeles en «kwasa-kawsa» (canoas de pesca).

En Mayotte casi la mitad de la población es de nacionalidad extranjera y sólo un tercio de ellos ha nacido en este territorio, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Insee) de Francia. La mitad de los foráneos están indocumentados.

En general la nacionalidad francesa se atribuye por filiación o derecho de sangre (un niño adquiere la nacionalidad francesa en el momento del nacimiento si al menos uno de los padres tiene nacionalidad francesa) o por doble nacimiento en Francia o derecho de suelo (un niño nacido en Francia es francés cuando al menos uno de los padres nació en territorio francés).

Además, todo niño nacido en el país de padres extranjeros adquiere la nacionalidad a la mayoría de edad, si en ese momento, vive en Francia y si ha tenido residencia permanente por un periodo (continuo o discontinuo) de cinco años, desde los 11 años de edad.

En Mayotte las reglas para adquirir la nacionalidad francesa son, desde la reforma migratoria de 2018, más estrictas que en el resto de los departamentos galos. Los hijos de padres extranjeros nacidos en ese territorio se convierten en franceses a los 18 años si han vivido al menos cinco años en la isla, pero para ello se exige que el día de su nacimiento, al menos uno de sus padres resida en el territorio de manera regular desde al menos tres meses antes.

Si una reforma constitucional pone definitivamente fin al 'derecho de suelo' en Mayotte, tal y como desea Darmanin, sólo aquellos que tengan un padre o madre franceses podrán adquirir la nacionalidad, no el resto de los nacidos en la isla.

La derecha y la extrema derecha aplaudieron el anuncio de Darmanin, pero quieren ir aún más lejos. «Estoy a favor de que el 'derecho de suelo' sea suprimido no únicamente en Mayotte, sino en todo el territorio nacional», dijo Jordan Bardella, mano derecha de la ultraderechista Marine Le Pen.

«Existe el riesgo de que lo que pasa en Mayotte (llegada masiva de inmigrantes sin papeles) pase mañana en la Francia metropolitana», advirtió Éric Ciotti, líder de Los Republicanos (derecha moderada). «Francia va a ser Mayotte en 10 años, en 15 años», avisó el ultraderechista Éric Zemmour, que considera que cuando la mitad de la población es extranjera, como ocurre en Mayotte, hay que hablar de «invasión» y no de inmigración.

La izquierda, en cambio, se muestra «inquieta» porque teme que la supresión del 'derecho de suelo' se vaya a extender a todo el territorio nacional. El Partido Socialista ya ha anunciado que se opondrá a una reforma de la Constitución para acabar con el derecho de suelo en Mayotte.

«¿La revisión constitucional del derecho de suelo va a cambiar cualquier cosa en la situación en Mayotte? No lo creo, por eso no soy favorable a la revisión del 'derecho al suelo' en Mayotte, que ya está bajo el imperio de un régimen jurídico que es mucho más severo para obtener la nacionalidad francesa que en el resto de Francia», recordó Boris Vallaud, jefe de filas de los diputados socialistas en la Asamblea Nacional, que considera que «el derecho de suelo no es negociable».