La desesperanza reina entre los prisioneros de ambos bandos ante unos intercambios que se realizan a cuentagotas

La matanza de militares ucranianos cautivos, el viernes, en una colonia penitenciaria de Olenivka, en la autoproclamada República Popular de Donetsk, ha hecho que aumenten mucho más los recelos mutuos y la desconfianza. Nadie cree que la situación se vaya a desbloquear a corto plazo. Los prisioneros parecen haberse convertido en moneda de cambio para obtener cualquier cosa salvo su puesta en libertad.

La antena rusa del Comité Internacional de la Cruz Roja sostiene que son «miles» las peticiones de ayuda llegadas por escrito de familiares de militares rusos cuyo paradero se desconoce. Quieren saber si están prisioneros y dónde o si cayeron en combate y es posible recuperar sus cuerpos.

Lo mismo está sucediendo en el lado ucraniano y, sobre todo, con las madres y esposas de los componentes del Batallón Azov, quejosas por no haber podido hablar ni una sola vez por teléfono con ellos desde que depusieron las armas y se entregaron a las fuerzas rusas y separatistas el pasado 17 de mayo.

Esta unidad del Ejército ucraniano, considera «neonazi» por Moscú, defendió encarnizadamente la acería Azovstal de Mariúpol durante tres meses. Probablemente, una gran parte de sus combatientes perecieron el viernes en el extraño ataque contra la prisión de Olenivka. Según el acuerdo alcanzado en mayo con la mediación de la ONU y la Cruz Roja, deberían haber sido canjeados por soldados rusos. Pero los cabecillas rebeldes de Donbás ya adelantaron que, independientemente de lo pactado con Naciones Unidas, los mandos del Batallón Azov y los brigadistas extranjeros serían condenados a muerte por «crímenes de guerra».

En un intento de desbloquear los intercambios de prisioneros, la Rada Suprema (Parlamento ucraniano) enmendó esta semana el Código Penal de forma que incluso los militares rusos condenados por atrocidades puedan ser canjeados, algo que hasta ahora la ley no permitía. Al Código Penal se le ha añadido un nuevo artículo, el 841, sobre la «exoneración del cumplimiento de una pena en relación con una decisión de transferir a un condenado para canjearlo como prisionero de guerra». En tal caso, la sentencia sería anulada.

El 23 de mayo, un tribunal de Kiev sentenció por primera vez a un militar ruso, a Vadim Shishimarin, a cadena perpetua por crímenes de guerra, en concreto por dar muerte a un civil de la región de Sumy. Tras apelar el fallo, esta semana le fue reducida la pena a 15 años de cárcel. Por otro lado, un tribunal de la región de Poltava condenó a dos soldados rusos, Alexánder Bobikin y Alexánder Ivanov, a 11 años y 6 meses de prisión por bombardear zonas residenciales en Járkov.

Pero, tras el intercambio realizado a finales de junio, el jefe del Comité de Instrucción de Rusia, Alexánder Bastrikin, anunció que no habría más canjes en un futuro próximo. Propuso utilizar a los capturados «para trabajos de reconstrucción de infraestructuras destruidas». Según Bastrikin, los prisioneros de guerra «se mantendrán en centros de detención preventiva –como el arrasado el viernes en Olenivka– mientras duren las investigaciones» para determinar qué crímenes pudieron cometer. El responsable judicial ruso cifró en 2.000 el número de prisioneros de guerra ucranianos.

Días después, el 6 de julio, el ministro de Defensa, Serguéi Shoigu, elevó el número a 3.826, de los que 2.439 se entregaron en Azovstal. Por su parte, las autoridades separatistas de Donbás sostienen haber capturado a unos 8.000 militares ucranianos. El que todavía no ha facilitado cifras, ni de prisioneros ni de muertos en combate, es el Gobierno de Kiev.

El estatus de los prisioneros de guerra está definido por el Tercer Convenio de Ginebra de 1949, que también se aplica en los casos cuando la contienda no ha sido declarada oficialmente. Tal es el caso actual, ya que la invasión del territorio ucraniano en curso es calificada por el Kremlin de «operación especial militar». No obstante, organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional sostienen que tanto Moscú como Kiev incumplen lo estipulado en Ginebra en relación con los cautivos. Rusia y Ucrania se acusan además mutuamente de torturas, atrocidades y maltrato a los militares apresados.