Delincuentes y además mal pagados, así son los presos en Alemania

Los conceptos para aplicar el requisito constitucional de resocialización «no son coherentes ni están exentos de contradicciones», critica el tribunal. No está claro, por ejemplo, qué importancia tiene el factor trabajo (en comparación con otras «medidas de tratamiento»), qué objetivos deben alcanzarse con el régimen laboral en el sistema penitenciario y a qué fines sirve la remuneración prevista. En cualquier caso, la corte con sede en la sureña localidad de Karlsruhe ha ordenado a las autoridades de Baviera y Renania del Norte-Westfalia regular la remuneración de los presos, medida que deberán tomar también el resto de los Estados federados al sentar la sentencia precedente. El Constitucional germano no ha ordenado, sin embargo, elevar y corregir estos salarios con efectos retroactivos.

Tanto en Baviera como en Renania del Norte-Westfalia, al igual que en otros diez de los dieciséis Estados federados, todos los reclusos están obligados a trabajar en talleres como medida de resocialización, en la mayoría de los casos con la posibilidad de obtener un título de formación profesional. Los trabajos forzosos están prohibidos por ley en este país, pero la Constitución hace una excepción en el caso de penas de cárcel dictadas por los tribunales. Solo en Brandeburgo, Renania-Palatinado, el Sarre y Sajonia los reos pueden decidir si trabajan o no. Las labores se realizan en talleres propios de las prisiones, con frecuencia en carpinterías o herrerías, o al servicio de empresas, que delegan en las cárceles labores de selección, empaquetado o montaje de productos.

Unas noventa firmas aprovechan la mano de obra carcelaria, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, pero también grandes consorcios automovilísticos como Volkswagen o BMW. La retribución de los reclusos se calcula según un baremo que establece como guía el 9% de los ingresos medios de todos los trabajadores registrados en la seguridad social germana.

No es la primera vez que el Constitucional considera demasiado bajos los emolumentos de los presos. Hace 25 años ordenó también revisar sus retribuciones por considerarlas anticonstitucionales, ya que entonces el baremo guía era de tan solo el 5%. Para justificar los bajos pagos, los representantes de los dos Estados denunciados argumentaron que debe haber una discrepancia entre sus retribuciones y el salario mínimo por la baja cualificación y productividad de los presos. Dos terceras partes carecen de formación profesional y más de la mitad no han completado los estudios escolares obligatorios. Baviera destacó además que los 30 millones de euros anuales que fluyen en sus arcas por el trabajo de sus reos son una parte mínima de los 400 millones al año que cuesta el mantenimiento de los centros de reclusión.