Cerca de medio centenar de países se unen en La Haya para investigar crímenes de guerra en Ucrania

Compartir pruebas, la estrategia de enjuiciamiento y proporcionar experiencia internacional en crímenes de guerra a los investigadores sobre el terreno serán los principales cometidos de la alianza. Reunir evidencias y establecer responsabilidades para llevar a los culpables a juicio no será fácil. Podría tomar «muchos años», advirtió el ministro de Justicia alemán, Marco Buschmann. Pero toca pasar a la acción, sobre todo cuando las atrocidades se han generalizado en Ucrania y van desde el asesinato y la tortura, hasta la violación, el saqueo y las deportaciones forzadas.

«Mientras hablamos, los niños, las mujeres y los hombres viven en el terror», advirtió el fiscal de la CPI, Karim Khan, al señalar que «legalidad no debe ser un mero espectador». El comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, consideró que juzgar los crímenes será una «tarea titánica» que requiere un «sistema judicial fuerte» e informó de que ya se han abierto 20.000 investigaciones.

El gran problema está en que la CPI no podría juzgar ni a Rusia ni a Ucrania porque ninguno de ellos ratificó el Estatuto de Roma. Por ello, una de las soluciones sería crear un tribunal internacional especial en Kiev, como propuso este jueves el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante su intervención por vía telemática.

La CPI ha enviado ya al equipo de campo más grande en sus 20 años de historia para investigar sobre el terreno. Para apoyar esos trabajos, así como los de la Fiscalía de Ucrania y la ONU, los 45 países de la nueva alianza ha prometido aportar 20 millones de euros.

Zelenski, que asegura que decenas de civiles han sido asesinados por el Ejército invasor mientras Moscú se desliga de toda responsabilidad, ha denunciado este jueves que «unos 200.000 niños fueron secuestrados» y sacados del país por las fuerzas rusas. El secretario de Estado de EE UU, Anthony Blinken, ha confirmado los hechos al detallar que los menores han sido separados de sus padres para ser dados en adopción en Rusia, donde hasta 1,6 millones de ucranianos se encuentran en «campos de filtración», donde se separa a familias y se aplican torturas hasta identifcar a quienes han colaborado con las autoridades de Kiev.

Un informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) corrobora la existencia de los llamados «campos de filtración». En un documento de 115 páginas desgranan que, «según testigos», los ucranianos evacuados de ciudades asediadas o quienes salen de territorios ocupados por los rusos son sometidos a «interrogatorios brutales y registros corporales humillantes» a fin de esclarecer si alguna de estas personas combatió del lado de Kiev o si tiene conexiones con el batallón de Azov o con el Gobierno. «En estos casos, son separados de los otros y muchas veces desaparecen simple y llanamente», advierten.