Bruselas mantiene el apoyo a UNRWA y aprueba financiar la organización con 50 millones de euros

El Ejecutivo comunitario es consciente de la labor fundamental que desempeña UNRWA en la Franja de Gaza, un trabajo que no podría desempeñar ninguna de las demás organizaciones que ofrecen ayuda humanitaria a los palestinos. La decisión de la Comisión Europea llega después de las acciones tomadas por Naciones Unidas -que ha creado un grupo de investigación independiente- y por la propia UNRWA, que asegura estar preparada para una revisión completa de sus empleados para confirmar que no participaron en los ataques terroristas. La organización también se ha comprometido a establecer medidas de control que eviten riesgos en el futuro.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido que «palestinos inocentes no deberían pagar el precio de los crímenes del grupo terrorista Hamás. Se enfrentan a terribles condiciones, con un acceso insuficiente de comida y otras necesidades básicas. Es por eso que estamos reforzando nuestro apoyo con 68 millones adicionales este año».

Doce empleados de UNRWA fueron detenidos por su supuesta participación en los ataques terroristas e Israel acuso a la oficina de estar «totalmente infiltrada por Hamás». La agencia despidió inmediatamente a los empleados señalados y su director, Philippe Lazarini, se negó a dimitir a pesar de la polémica, que ha llevado a varios países -entre ellos Estados Unidos- a suspender sus donaciones. Desde entonces UNRWA se ha comprometido a una auditoría externa independiente de la UE, su mayor donante. Esta investigación revisará los sistemas de control para prevenir la participación de sus trabajadores en actividades terroristas.

Bruselas ha confirmado, de este modo, que desembolsará este primer tramo de 50 millones de euros a UNRWA (de los 82 millones previstos para este año). El segundo y tercer tramo (de 16 millones cada uno) se enviarán en cuanto UNRWA haga efectivos los compromisos adquiridos. Pese a todo, la Comisión mantiene la posibilidad de suspender futuros pagos y recuperar los ya realizados si se confirman «deficiencias significativas» en el sistema de control interno de la organización.