Alemania investiga como «organización criminal» a activistas climáticos que atentaron contra obras de arte

La Fiscalía de Neuruppin basó en esa acusación la orden de registro de los domicilios de varios miembros destacados de la organización que lucha con agresivas protestas por evitar el cambio climático.

El propio grupo anunció a través de Twitter que la Policía había llevado a cabo este martes registros en once viviendas de todo el país y que los agentes confiscaron aparatos electrónicos como ordenadores portátiles o unidades externas de memoria, carteles y material escrito.

Un portavoz de la Fiscalía de Neuruppin confirmó los registros y anunció que a los afectados se les acusa de formar parte o apoyar a una organización criminal. La investigación de los fiscales se remite a una acción en la refinería de Schwedt, al noreste de Alemania, que invadieron los activistas y donde cerraron varios conductos sin que entonces se produjeran detenciones.

Desde entonces las actividades de Última Generación» se han multiplicado en Alemania donde en las últimas semanas, entre otras cosas, obligaron a la suspensión por varias horas del tráfico aéreo en los aeropuertos de Berlín y Múnich tras invadir sus pistas y pegar sus manos al asfalto con pegamento rápido.

Los activistas del movimiento ecologista calificaron los registros de intento de intimidación. «Las investigaciones abiertas contra una organización criminal abren a las autoridades todas las puertas para vigilarnos y es precisamente esta posibilidad su objetivo último», señalaron los afectados, quienes recordaron que en casos así es raro que se llegue a formular una acusación formal y más raro aún que se produzca finalmente una condena por esos cargos.

«Pero si un tribunal decidiera encerrar a gente pacífica como nosotros, sabremos cargar con las consecuencias. Defendemos lo que hacemos con nuestros nombres y rostros», advirtieron los jóvenes, que acusaron a las autoridades de intentar callar sus demandas y al estado de «violar la constitución por no proteger el clima» y no reconocer que «nos encontramos en una crisis climática. Una crisis sin precedentes, que amenaza a todo, también nuestras vidas».

Los cargos en contra de los activistas son, sin embargo, bastantes más. Cyrill Clement, fiscal encargado del caso señaló que son investigados por «el principio de sospecha de la formación o apoyo a una organización criminal, alteración del funcionamiento de servicios públicos, allanamiento de morada y coacción». Añadió que se encuentran acusada «una baja cifra de dos dígitos de personas», cuyas identidades no quiso revelar, a la vez que subrayó que nadie ha sido detenido hasta ahora en esta operación.

Clemens destacó igualmente que su investigación se centra en posibles delitos cometidos entre abril y mayo de este año en el estado de Mecklemburgo-Antepomerania y que no incluye los bloqueos de aeropuertos o los ataques a obras de arte.