La Fiscalía Europea, ante el titánico desafío de perseguir el fraude en tiempos del «Plan Marshall» pandémico

Cada año, la UE pierde cerca de 1 billón de euros en ingresos -es decir unos 2.000 euros por cada ciudadano europeo-, debido al fraude y evasión fiscal, según estimaciones de las instituciones europeas. En concreto, la Comisión Europea dio cuenta en 2018 de una pérdida de 140.000 millones de euros en ingresos por IVA. Se prevé que como resultado de la pandemia y la gestión de los fondos de recuperación se pulvericen esas cifras.

Esta semana, la EPPO anunció un acuerdo de colaboración con Europol, la agencia policial de la UE, para luchar juntos contra crímenes contra el Presupuesto de la UE que incluyen crimen organizado y fraude transfronterizo. Como centro de información criminal de la UE, «nuestra cooperación con Europol es una herramienta estratégica para luchar mejor contra quienes intentan robar el dinero de los ciudadanos europeos», celebraba el comunicado de la Fiscalía europea. Hasta la fecha, perseguir delitos como el fraude en materia de IVA superior a 10 millones de euros correspondía únicamente a los fiscales nacionales de los Estados miembros, que en cambio carecían de jurisdicción más allá de sus fronteras. Por su parte, instituciones como Europol o la oficina de lucha contra el fraude de la UE, OLAF, no tenían autoridad legal para actuar.

«Muchas de las investigaciones de la EPPO estarán basadas en documentos e instrucción realizadas por esas instituciones», valora Dragos Tudorache, eurodiputado rumano por los liberales de Renew Europe a Europa Hoy. Tudorache participó el pasado martes en una comparecencia de la propia Kövesi ante la comisiones de Libertades, Justicia e Interior (LIBE) y Control de Presupuesto (CONT) de la Eurocámara.

Ante los cerca de 2.000 casos que podría llegar a abrir la Fiscalía Europea (con sede en Luxemburgo), según estimaciones de la propia fiscal Kövesi, eurodiputados de la comisión LIBE del PE acusan al Consejo de estar haciendo todo lo posible para garantizar que la EPPO no tenga éxito: falta de fondos, falta de personal e intromisión en el proceso de selección de fiscales. «Los fiscales de la Fiscalía Europea deben ser nombrados en función de los resultados de una evaluación realizada por un panel independiente de expertos a nivel europeo. El problema es que el Consejo no ha tenido en cuenta esas evaluaciones, y no solo una vez sino varias, y basándose en información falsa», afirma Tudorache. Cuanto más se retrase el proceso de nominaciones, subraya, más «sospechas se levantarán sobre los intereses detrás del Consejo».

La Comisión Europea pidió ayer a los Estados miembros que eviten más retrasos en el inicio de las operaciones de la Fiscalía europea contra el fraude, creada en 2018 y en la que participan de momento solo 22 de las 27 capitales. «La Comisión quiere ver esto en la primera mitad del año. En diciembre ya pedí (a los países) que nombren a los fiscales y apliquen la legislación necesaria», demandó el comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, en unas palabras recogidas por Efe. «Es esencial que el dinero del presupuesto europeo se gaste bien y esté protegido contra el fraude», agregó.

Entre los rezagados destacan Bulgaria, Bélgica y Portugal, que precisamente estrena presidencia rotatoria del Consejo. El pasado julio, el Gobierno socialista de António Costa impulsó la nominación de José Guerra en contra de la recomendación de un 'panel asesor' europeo, de carácter independiente, que se había decantado por Ana Carla Almeida, bajo criterios de experiencia profesional y aptitudes. En contra del veredicto del consejo de peritos, Lisboa presentó en otoño de 2019 la candidatura de Guerra incluyendo falsedades en su currículum como fiscal.

Eurodiputados del Partido Popular Europeo, de centroderecha, y de Renew Europe, liberales, han pedido explicaciones al Ejecutivo sobre lo que se ha interpretado como un nombramiento político, muy lejos de las aspiraciones de independencia de la naciente Fiscalía General Europea. Entre los socialistas, según fuentes del partido, acusan a los populares portugueses de querer embarrar el inicio de la presidencia lusa del Consejo en un momento tan decisivo para la Unión.

Entre bambalinas, con mucha discreción, Kövesi se afana en levantar la Fiscalía ante un escenario que puede ser crítico cuando lleguen los fondos de recuperación. No lo va a tener fácil, como tampoco lo tuvo al frente de la Dirección Nacional Anticorrupción (2013-2018) en Rumanía, uno de los países más corruptos de la UE, junto con Bulgaria y Hungría, según la ONG Transparencia Internacional. Acostumbrada a hacer historia -no en vano llegó a ser la fiscal general más joven de Rumanía-, se enfrenta ahora al reto de su vida. «Tengo mucha confianza en el trabajo de Kövesi, hizo un gran trabajo en Rumanía durante años persiguiendo la corrupción, pero la Fiscalía necesita recursos», concluye su compatriota Tudorache. La reputación de la institución, y por consiguiente de la propia UE, depende de que la dejen triunfar.