A. B.
Jueves, 11 de marzo 2021, 18:11
Los Estados miembros deben invertir más en educación, sanidad, vivienda, apoyo familiar y atención a la infancia, garantizando que estos servicios lleguen a todos los niños. Así se recoge en la resolución aprobada por el Parlamento Europeo con 545 votos a favor, 24 en ... contra y 119 abstenciones que recalca que «kos niños son, ante todo, niños, con independencia de su origen étnico o social, género, nacionalidad, situación económica, aptitudes o condición de migrante o extranjero».
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El texto destaca que la crisis de la covid-19 está afectando enormemente a los niños, exacerbando el riesgo de pobreza, limitando su acceso a la educación, amenazando su salud física y mental e incrementando el peligro de ser víctimas de violencia y abuso. Los eurodiputados urgen a la Comisión a que presente, tal y como ha anunciado, una propuesta legislativa para crear una Garantía Infantil Europea en la primera mitad de 2021.
Por ello, la Eurocámara insta a que los países de la UE tomen medidas para garantizar el derecho a la educación a todos los niños, evitar el abandono escolar temprano y asegurar la igualdad de género en el acceso a una educación de calidad e inclusiva desde la primera infancia, también para los niños romaníes, con discapacidad y migrantes. «La educación digital nunca debe sustituir permanentemente al aprendizaje presencial», recalcan los eurodiputados, que también piden incluir en el currículum escolar información adaptada sobre sexo y sexualidad.
La situación de los niños migrantes tanto dentro como fuera de las fronteras de la UE debe mejorar, subraya la resolución. Para ello, los eurodiputados consideran que hay que dar prioridad a la reunificación familiar y a las adecuadas condiciones de recepción, eliminando obstáculos a los servicios básicos y a las medidas de integración. Los estados miembros deben también evitar la detención de los menores y garantizar que los no acompañados cuentan con representantes legales y tutores.
Los eurodiputados están especialmente preocupados por el abuso sexual contra los niños, que ha aumentado durante la pandemia, mientras que el acceso a los servicios sociales y las instituciones de protección se ha vuelto sumamente difícil. También critican que 23 Estados miembros no aplican todavía la directiva de 2011 sobre lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil.
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La resolución pide asimismo acabar, en la legislación y en la práctica, con todas las formas de trabajo infantil, y con todas las formas de violencia y discriminación contra los niños, incluido el matrimonio forzado, la trata, la tortura, los crímenes de honor, la mutilación genital femenina, el incesto, el abandono escolar forzoso y el uso de niños como soldados.
En 2018, Save the Children situó la pobreza infantil española en un 26,8%. Sin embargo, la pandemia ha acentuado este índice y sus proyecciones prevén un aumento hasta el 33,3%, unos 2,8 millones de niños en riesgo. Por otra parte, la pobreza severa en este sector de la población supera el 15% de niños y adolescentes. La mayor tasa de abandono escolar de la UE se encuentra en España y supone un 17,3% frente al 10,2% de media en la UE, según el informe del último año redactado por el Monitor de la Educación y la Formación, y aumentó con especial incidencia en Cantabria, Cataluña y Navarra.
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«La pandemia ha exacerbado las desigualdades que sufren muchos niños en toda Europa. Pedimos a la Comisión y los Estados miembros que dediquen el dinero necesario para protegerlos y que tomen medidas concretas para acabar con la pobreza, el abuso sexual y la explotación», señaló el ponente socialista Juan Fernando López Aguilar (S&D, España) durante el debate en el pleno el miércoles.
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