Los abusos sexuales acorralan a los boys scouts en Estados Unidos

Ahora mismo, los boy scouts se enfrentan a cientos de demandas. El sonrojo llega hasta las mismas raíces americanas y el número de afiliados ha caído sensiblemente. Para entender el impacto que los hechos tienen en la sociedad estadounidense, es preciso destacar que 110 millones de ciudadanos han pasado por los campamentos de la institución en toda su historia, un orgullo nacional que el 8 de febrero cumplió 110 años. La BSA, cuya base central se ubica en Texas, ha formado parte esencial de la educación juvenil de Estados Unidos y todo comenzó a empañarse cuando una investigación periodística sacó a la luz en 2012 los archivos internos que revelaban una práctica masiva de abusos sexuales.

Aparte de las 12.254 víctimas, se maneja la cifra de unos 8.000 depredadores entre monitores y adultos que cuidaban de los jóvenes. Algunos de los afectados tienen hoy 97 años. Y los expertos calculan que conocer las verdaderas dimensiones del escándalo obligará a tirar de memoria y a muchas víctimas les exigirá superar la vergüenza y los traumas que en su día les condujo a no denunciar los ataques. Hay agresores que abusaron de múltiples niños –hasta cincuenta– y numerosos casos denunciados ante la dirección de los scouts que fueron finalmente destruidos. La BSA ha reconocido públicamente que durante décadas mantuvó un ingente número de declaraciones de afectados bajo secreto. Algunos de ellos eran, incluso, solicitantes que nunca llegaron a ingresar en la asociación.

Los expertos reconocen que la sucesión de abusos en el seno de una entidad tan emblemática como ésta –superan incluso los cometidos por la Iglesia Católica en Estados Unidos– tendrá consecuencias todavía difíciles de calibrar. Sucede, además, en un momento en que los boy scouts habían decidido librarse de antiguos corsés: en 2013 abolieron una norma centenaria que prohibía la entrada a jóvenes homosexuales y cuatro años más tarde aprobaron la convergencia en 2019 entre ellos y las girls scouts –que tenían organización propia– en aras de favorecer la igualdad. La BSA mantiene numerosos programas educativos y de exploración. La insignia de la Orden de la Flecha es símbolo de prestigio para miles de americanos, ya que acredita la pertenencia a la sociedad nacional de honor de los campamentos y otorga a sus propietarios valores como la capacidad de liderazgo, el respeto a las tradiciones y el compañerismo.

Los propios responsables reconocieron hace un par de años públicamente su «horror» por los terroríficos actos cometidos, con frecuencia, en convivencias y campamentos. No es para menos. La prensa ha denunciado su «poder de atracción» para pederastas y depredadores sexuales y calificado como «los archivos de la perversión» el fichero con 5.000 casos que 'Los Angeles Times' publicó en 2012 a raíz de que un juez de Portland ordenara su desclasificación durante el juicio de un antiguo scout contra su abusador. De las investigaciones se desprende que al menos un centenar de agresores mantuvieron su conducta incluso después de haber sido denunciados ante la dirección, que entre ellos hay personas respetables de comunidades locales, que las vejaciones se han extendido a lo largo de 48 Estados –el país tiene 50– y que las manifestaciones de los niños y jóvenes no llegaban siempre a las autoridades.

La declaración de bancarrota es ahora el siguiente capítulo de este proceso, en el que la BSA se ha gastado ya once millones de euros en abogados. La posibilidad de que se decantara por esta opción ya era casi una certeza el pasado abril a cuenta de una sentencia judicial y la acumulación de querellas. Su situación se ha visto agravada además después de que Estados como California, Nueva York y Nueva Jersey hayan extendido los plazos de prescripción de los delitos de abuso sexual infantil –lo que abre el camino a un número mayor de demandas– y que algunas aseguradoras hayan declinado abonar las indeminizaciones basándose en que la BSA no intervino para frenar las agresiones.

Los scouts no han precisado cuánto dinero han invertido ya en estas indemnizaciones y en acuerdos extrajudiciales, aunque recuerdan que a los afectados les paga una terapia y que pone en conocimiento de la Policía toda nueva acusación que recibe. Durante la celebración de su 110 aniversario anunciaron que cuentan con un pasivo de entre 100 y 500 millones de dólares, campamentos, escuelas de voluntarios e incluso senderos campestres. Su intención es crear un fondo de compensación y mantener su programa educativo con el fin de que el escándalo no repercuta en sus actuales afiliados.