EE UU ve posible que Israel haya violado derechos fundamentales en Gaza

El Departamento de Estado argumenta en este polémico documento que el Gobierno de Benjamín Netanyahu y las Fuerzas de Defensa tienen «el conocimiento, la experiencia y las herramientas para implementar las mejores prácticas» en Gaza y «mitigar el daño civil en sus operaciones militares». Sin embargo, «los resultados sobre el terreno plantean dudas sustanciales» al respecto, ya que arrojan «altos niveles de víctimas civiles» durante los ataques en la Franja. Hasta este sábado, las autoridades palestinas reportan casi 35.000 fallecidos y más de 100.000 heridos, muchos de ellos niños, mujeres y ancianos.

Lo más significativo es que, al mismo tiempo que realiza esta denuncia sobre los graves daños a civiles, Washington reconoce que la estrategia de Hamás consistente en esconderse y combatir entre la población, las dificultades de investigar en áreas de guerra y las lagunas procedentes del propio Gobierno israelí, que «no ha compartido información completa», impiden a Estados Unidos aportar pruebas tajantes de las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de Tel Aviv. Tampoco cree posible demostrar si se han utilizado armas estadounidenses en algún tipo de acción ilegal, aunque lo ve «razonable» dado que se encuentran ampliamente desplegadas. El Departamento de Estado, pese a todo, está convencido de que la promesa de Israel de que este armamento se utilizaría de modo acorde al Derecho Internacional es «creíble y confiable».

En otras palabras, el informe considera «razonable» la posibilidad de que los militares israelíes hayan vulnerado derechos civiles en sus operaciones, pero no se han encontrado casos específicos que lo demuestren, ni tampoco hay pruebas de un empleo irregular de los cohetes y otras municiones entregadas por Washington. La conclusión ha provocado la repulsa de organizaciones humanitarias, cuyas manifestaciones sostienen que la Administración de Biden «hace todo lo posible» por exculpar al ejército israelí y tranquilizar su propia conciencia en lo que respecta a las exportaciones de armas. Tmbién ha irritado a una minoría demócrata en el Congreso, cuya opinión es que el Gobierno de Netanyahu paraliza la entrega de asistencia humanitaria a los palestinos y ha masacrado a la población civil incluso con munición estadounidense.

La presentación del informe un viernes por la tarde, en vísperas del fin de semana, ha alentado las sospechas de que la Casa Blanca quería que pasara lo más inadvertido posible. Se produce unos días más tarde de que Biden paralizase el envío de una remesa de proyectiles con el fin de mostrar su desacuerdo con la decisión de Netanyahu de seguir adelante con la invasión de Rafah. Y llega poco después de otra enrevesada decisión de la Administración americana de no sancionar a un batallón especialmente violento de las Fuerzas de Defensa de Israel, compuesto por ultraortodoxos y colonos, con unos argumentos similares: es probable que esta brigada cometiera tropelías contra los civiles, pero solo se ha confirmado un reducido número de irrgularidades que han sido castigadas por la propia justicia israelí. De ese modo, Washington se ahorra tomar postura y permite que el batallón se beneficie de su multimillonaria ayuda militar. En abril, el Congreso aprobó más de 11.000 millones de euros para financiar distintas partidas a Tel Aviv.

Precisamente, el Departamento de Estado llama la atención en esta última evaluación sobre Gaza respecto a los esfuerzos de Israel por investigar las presuntas violaciones de la ley cometidas por sus tropas. Los mandos «están examinando cientos de incidentes», señala el dossier, donde aparecen afirmaciones que sus críticos catalogan de parciales. Entre ellas, el Departamento reconoce a Israel el «derecho a defenderse» tras los atentados de Hamás, culpa a esta organización islamista de usar a la población palestina como «escudos humanos» y recopila multitud de análisis militares que ven en la Franja uno de los campos de batalla más complejos de una «guerra moderna».

No obstante, la investigación arroja también sombras sobre la forma de actuar de las tropas, en lo que denomina eufemísticamente un «área específica de preocupación». En este capítulo incluye el asesinato el mes pasado de siete voluntarios de World Central Kitchen, la organización humanitaria del chef José Andrés, bombardeados tras una entrega de alimentos en el centro de Gaza. Estados Unidos también señala los ataques aéreos al campo de refugiados de Jabaliya que causaron decenas de muertes y los disturbios en algunos repartos de comida.

La actitud del Departamento de Estado representa fundamentalmente un varapalo para los políticos y ciudadanos estadounidenses que confiaban en que su informe sirviera para detener la ayuda militar a Israel. «Si esta conducta (la del Gobierno de Netanyahu) cumple con los estándares internacionales, entonces que Dios nos ayude a todos», ha declarado este sábado el senador demócrata Chris Van Hollen. «Una vez más, la Administración de Biden ha mirado los hechos cara a cara y luego ha cerrado las cortinas», ha señalado, por su parte, un grupo de trabajo independiente que lleva meses documentando el «desprecio sistemático» de Tel Aviv hacia el Derecho Internacional. El equipo lo integran expertos de alto nivel, como Josh Paul, un exfuncionario del Departamento de Estado que en octubre dejó su cargo en protesta por la ayuda militar de EE UU a Israel.

Lo curioso del asunto es que el documento tampoco satisface a los republicanos ni a los grupos proisraelíes, ya que no despeja ni de lejos la integridad de las operaciones militares en Gaza. Los conservadores se encuentran muy molestos por las críticas recientes del presidente estadounidense al alto número de víctimas civiles en la guerra o la intervención en Rafah. El senador conservador Tom Cotton ha expresado en las redes sociales que la «posición de facto de Biden es una victoria de Hamás».

La realidad actual es que el mandatario demócrata se enfrenta a una situación endemoniada. La guerra contra Hamás ha polarizado a la sociedad estadounidense como pocas veces ha sucedido desde Vietnam o, en su ejemplo más cercano, la derrota presidencial de Trump en 2020. Biden sabe que ha perdido gran parte de la confianza gaada tras garantizar su apoyo a Israel en los momentos de conmoción global posteriores a los atentados de Hamás, que mataron a 1.200 ciudadanos israelíes el pasado 7 de octubre. Y es consciente también de que en esa polarización creciente, plasmada en las universidades, el Congreso y las tertulias de los medios, hay una gran masa de votantes que podrían convertir las elecciones de noviembre en un plebiscito en torno a su postura sobre el conflicto israelí. Los asesores de la Casa Blanca aseguran que, frente a los extremos, Biden busca la mesura en mitad de la tormenta. Mientras, su Gobierno se prepara para el siguiente asalto, que posiblemente tendrá lugar cuando el Congreso le exija un estudio más exhaustivo de la situación en Gaza.